Juan Carlos Hidalgo

La elección de Ricardo Martinelli como presidente de Panamá en mayo del 2009 generó cierto entusiasmo acerca de las perspectivas de desarrollo de ese país. Durante su campaña Martinelli prometió implementar importantes reformas de mercado, como por ejemplo un impuesto de tasa única —el cual habría sido el primero en el continente, mayor apertura comercial, la eliminación de algunos subsidios gubernamentales y la reducción y simplificación de trámites burocráticos. Un año después, estas promesas no sólo han quedado en el olvido, sino que su presidencia ha estado marcada por medidas económicas populistas, tráfico de influencias y compadrazgos políticos, la erosión de los pesos y contrapesos propios de una democracia e incluso el acoso a la prensa independiente.

En el campo económico, Martinelli apunta ahora hacia un mayor intervencionismo estatal. El presidente panameño aumentó algunos niveles del salario mínimo hasta en un 30 por ciento, una medida irresponsable en un país con una tasa de desempleo del 6,5 por ciento y un sector informal que constituye aproximadamente el 40 por ciento de la fuerza laboral. Ha declarado la nacionalización de dos carreteras administradas por empresas privadas a un costo de más de $$1,000 millones. Ha creado más burocracia, así como también nuevos programas sociales. Martinelli también ha anunciado obras públicas ostentosas, como por ejemplo la construcción —con dinero público— de un rascacielos en la Ciudad de Panamá que sería el edificio más alto de América Latina. Recientemente el Gobierno anunció un presupuesto para el 2011 de $$13,900 millones, lo cual representa más del 50 por ciento del PIB nacional y haría de Panamá uno de los países con mayor gasto público en la región.

Para financiar esta vorágine del gasto, Martinelli ha recurrido a más deuda, más impuestos —con un aumento al Impuesto al Valor Agregado del 40 por ciento y la creación de un nuevo tributo mensual sobre el ingreso bruto— e incluso ha dicho que utilizaría los fondos de la seguridad social para proyectos tales como la nacionalización de las carreteras. Peor aún, su gobierno ha debilitado el sistema de dolarización de más de un siglo de antigüedad al ordenar que se acuñen $$130 millones en monedas durante los próximos 5 años, casi el doble de la cantidad que ha sido acuñada desde 1904. Bajo el sistema monetario de Panamá, el Gobierno acuña “balboas” —la moneda nominal del país— en la misma denominación y valor que las monedas de EE.UU.

Sin embargo, lo más preocupante de su presidencia ha sido la manera en que Martinelli ha socavado los pesos y contrapesos de la democracia panameña. Al llegar al poder, Martinelli prometió que dos próximas designaciones a la Corte Suprema de Justicia se beneficiarían de un proceso abierto de nominación en el que participarían grupos de la sociedad civil. No obstante, cuando los candidatos recomendados no fueron de su agrado, escogió a dos personas cercanas para los cargos. Uno de los seleccionados, José Abel Almengor, era su secretario de Seguridad. El otro, Alejandro Moncada, fue removido en el 2000 de la ahora desaparecida Policía Técnica Judicial debido a serias faltas éticas. Su esposa, sin embargo, trabaja con la Primera Dama.

El compadrazgo parece ser la regla en el Panamá de Martinelli. Por ejemplo, una asesora tributaria de la empresa de supermercados de Martinelli ha sido nombrada como Controladora General de la República. Los procesos de licitaciones públicas han sido ignorados y contratos estatales han sido asignados arbitrariamente a parientes y socios políticos. Una crisis institucional tuvo lugar en enero pasado cuando la Corte Suprema, a pedido del Ejecutivo, suspendió a la Fiscal General a raíz de cargos cuestionables de “abuso de poder”. La persona que la reemplazó trabajó en la campaña presidencial de Martinelli.

La prensa panameña ha sido muy crítica de Martinelli, algo que ha generado amenazas veladas por parte del Gobierno. Por ejemplo, el presidente le pidió a los canales de televisión que “auto-regulen” su cobertura de las noticias para reducir el “contenido violento” en sus noticieros. Poco después, una diputada del partido de Martinelli introdujo una ley para crear una junta estatal que “reglamentaría la auto-regulación” y la extendería a periódicos y radios. Un órgano similar existió en Panamá durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado “preocupación” acerca del proyecto de ley, el cual, de acuerdo con Robert Rivard, director de Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, constituiría un “retroceso en materia de libertad de prensa” en Panamá. También ha habido reportes de periodistas que han sido acosados por las autoridades.

Martinelli, cuya coalición disfruta de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, todavía tiene por delante cuatro años más en la presidencia. La dirección en que está llevando a su país debería preocupar no sólo a aquellos que celebraron su triunfo como una oportunidad de progreso, sino también a los que se asombraron con la rápida transición de Panamá hacia una democracia republicana integral. La esperanza en Panamá rápidamente ha dado paso a la preocupación.

El autor es coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute.

www.elcato.org.

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