La aprobación y entrada en vigencia del Código Procesal Penal, Código Penal y Ley de Carrera Fiscal han corroborado con la misión de esta institución en su lucha por hacer valer los derechos de las víctimas, porque en las mismas se han establecido respectivamente el derecho procesal y el sustantivo necesario, mejor adecuado a la realidad social en que vivimos, al igual que la carrera del Fiscal.

La Fiscalía es por ley la dueña exclusiva de la acción penal pública o pública a instancia privada en Nicaragua (Arto. 89 CPP), por eso en los medios de comunicación es común alguna noticia o reportaje en que se mencione que la Fiscalía acusará a determinada(s) persona(s) por la comisión de un delito, previa pesquisa de la Policía Nacional, quien por ley es la dueña de la investigación criminal en nuestro sistema de justicia penal (Arto. 229 y sig. CPP).

De lo que se hace poca mención es que detrás de todo este instituto de justicia penal, los fiscales auxiliares, quienes ejercen en nombre del Fiscal General de República la acción penal o la acusación en los juzgados competentes, son los que tienen el trabajo más delicado y asiduo, porque ellos son los que entran en contacto con la víctima, elaboran la acusación, acusan, otorgan pruebas y debaten en base a las pruebas recabadas, en el juicio oral y público, para que se condene al acusado y se haga justicia a la víctima.

Nicaragua, un país con 5.5 millones de habitantes, consta actualmente de aproximadamente 280 fiscales auxiliares en todo el país, divididos en 14 departamentos y dos regiones autónomas, lo que se resume en una excesiva carga laboral para cada fiscal, que es desproporcionada al salario recibido, un incremento en la mora de expedientes que no se pueden evacuar, entre otras. También hay que tomar en cuenta que los fiscales ponen en riesgo su integridad física y su vida, porque en muchos casos son vistos como los malos de la película, siendo amenazados por los acusados o sus familiares. Tampoco cuentan con dispositivos de seguridad (armas de fuego o chalecos antibalas), como en otros países, donde hasta escoltas se les asigna.

Pero, a pesar de todo esto, el Ministerio Público trata de realizar su misión. Hay que reconocer el trabajo a los fiscales, a pesar de las debilidades del sistema, más aquellos que tienen que dejar su familia y hogar para trasladarse a zonas alejadas o rurales. Además realizan turnos, porque el delito no tiene fecha especial para ser cometido, todos los días hay delitos en nuestro país. Desde el 2008, cada 11 minutos aproximadamente se comete un delito en Nicaragua.

La población tiene una institución que la representa cuando lo necesite en el ejercicio de la acción penal, pero es urgente que el Estado asigne mayores recursos económicos al Ministerio Público, para que nombre más fiscales, se les aumente el salario a los ya contratados y se les brinde mejores condiciones laborales y de seguridad, para así combatir el delito de una manera más integral, firme y beligerante”.

El autor es abogado y máster en Derecho Penal.
leonidast8@hotmail.com

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