Sin opositor. No hubo quien le disputara la presidencia del Cosep a José Adán Aguerri, quien ayer fue reelegido por tercera vez. Él fue el único candidato.
LA PRENSA/M. ESQUIVEL

Al sector privado le preocupa que la reforma a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público termine “abriendo las arcas del Estado”, en vez de fortalecer los controles al manejo de los fondos públicos.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que debe aprovecharse para sacar la mejor ley en una nueva consulta de la Comisión Económica del parlamento, sobre la propuesta de reforma presentada por el Gobierno.

Mario González, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), espera que la nueva ley garantice que los impuestos que se pagan se inviertan de manera transparente.

González dijo que la nueva ley debe conservar los elementos que obligan a los procesos de licitación, para adjudicar un proyecto o compra pública.

“Pero hay que evitar todo lo que tiene que ver con las discrecionalidades, no digo que en todos los casos, pero por lo general generan abusos”, expresó.

Alfonso Silva, vicepresidente de la Cámara de Urbanizadores, considera necesarias las reformas para mejorar los procesos de licitación, que calificó hasta hoy como “demasiado cerrados”, pero garantizando los controles.

“Hay algunos mecanismos de modernización, que no debemos oponernos, como los contratos por vía electrónica en los procesos de licitación. Pero estamos en desacuerdo con el hecho de que se quiera suprimir el registro de los proveedores del Estado”, dijo.

LA CONDICIÓN DEL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó ayer, mediante un comunicado, la condición, para el desembolso de 42.5 millones de dólares, de que el país cuente con una Ley de Contrataciones ajustada a “las prácticas internacionales”.

Expresó que la puesta en vigencia de la ley “supone la incorporación, en el Marco Normativo, de las mejores prácticas internacionales solicitadas en su momento por el BID”.

Pero aclara que “lo que está en cuestión no es la aprobación de la ley, sino que se apliquen las mejores prácticas internacionales; por lo tanto, nuestra posición al respecto será en esa dirección”.

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