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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  cuestionó esta mañana la resolución del Ministerio del Trabajo de Nicaragua que “afecta la libertad de prensa al quitarle autonomía e independencia al diario LA PRENSA de Managua para resguardar y garantizar su sistema de distribución, el que fue afectado por un boicot cometido por repartidores de periódicos a mediados de este mes”.

El pronunciamiento emitido hace algunos momentos señala que el diario LA PRENSA, denunció que el Ministerio de Trabajo le está obligando a reincorporar 23 repartidores, que fueron despedidos el 12 de agosto por haber bloqueado 23 rutas de distribución del diario afectando a suscriptores y lectores en Managua.

La ministra del Trabajo, Jeannette Chávez, acusó al periódico de haber despedido de forma masiva e ilegal a 23 personas, algunas de las cuales serían miembros de un presunto sindicato de trabajadores de LA PRENSA . De no ser cumplida la medida, la cual todavía está en su trámite administrativo, comprende también la imposición de multa

Agrega que los directivos del periódico comenzaron su defensa formal ante las autoridades sosteniendo que los 23 repartidores no eran parte de su plantilla de trabajadores, y que por ello no existe un sindicato del periódico y que, principalmente, debieron contratar nuevos distribuidores para garantizar la circulación.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News de Texas, dijo que "tememos que la resolución presurosa del Ministerio, sin haber investigado todos los detalles del rompimiento del contrato por parte de LA PRENSA con sus anteriores repartidores, pudiera tener la intención política de perjudicar la libertad de los nicaragüenses a recibir noticias y quitarle al diario su independencia y autonomía para adoptar criterios empresariales en bien de su cartera de clientes y lectores”.

Parafraseando la Declaración de Chapultpec, Rivard expresó que “la libertad de prensa se ve seriamente afectada cuando se restringe la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes y cuando se crean obstáculos al libre flujo informativo”.

Agregó que "confiamos que este no sea un intento solapado por entrometerse en la mecánica contractual a la que tiene derecho cualquier empresa y está amparada por la propia Constitución nicaragüense".