“Tememos que la resolución presurosa del Ministerio, sin haber investigado todos los detalles del rompimiento del contrato por parte de LA PRENSA con sus anteriores repartidores, pudiera tener la intención política de perjudicar la libertad de los nicaragüenses a recibir noticias y quitarle al Diario su independencia y autonomía para adoptar criterios empresariales en bien de su cartera de clientes y lectores”.

 

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

LA PRENSA/ ARCHIVO/ B. PICADO

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó al Gobierno de Nicaragua de restarle autonomía e independencia al Diario LA PRENSA en su sistema de distribución de periódicos, al haber emitido una presurosa resolución a través del Ministerio del Trabajo (Mitrab), ordenando el reintegro de 23 repartidores que habían sido contratados por servicios profesionales.

En un comunicado publicado ayer, la SIP añadió que la decisión del Mitrab “pudiera tener la intención política de perjudicar la libertad de los nicaragüenses a recibir noticias”, ya que los 23 ex distribuidores afectaron a 3,500 suscriptores de Managua.

“La Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó una resolución del Ministerio del Trabajo de Nicaragua, que afecta la libertad de prensa al quitarle autonomía e independencia al Diario LA PRENSA de Managua para resguardar y garantizar su sistema de distribución, el que fue afectado por un boicot cometido por repartidores de periódicos a mediados de este mes”, dice el comunicado de la organización, la cual está compuesta por más de 1,300 publicaciones en el hemisferio occidental.

Los ex distribuidores se plantaron el martes frente a las instalaciones de LA PRENSA, acompañados por sindicatos afines al Gobierno del sandinista Daniel Ortega, lanzaron morteros y usaron altoparlantes para sonar canciones del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La gerencia del Diario LA PRENSA ha informado que los 23 ex repartidores nunca formaron parte de la plantilla de trabajadores, sino que prestaban sus servicios por algunas horas, por lo cual tampoco pudieron haber creado un sindicato, como lo argumentaron ante el Mitrab.

UN ROSARIO DE ATROPELLOS DEL RÉGIMEN DE ORTEGA

La SIP, en su comunicado, recordó que el Diario LA PRENSA ha sufrido, bajo el gobierno de Ortega, una serie de acusaciones y condenas judiciales en contra de su director Jaime Chamorro Cardenal, y su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez. Además, se suma “la imposición de la Ley Arce, para obligar a los medios al pago de impuestos inconstitucionales; la negación de acceso a la información pública; y a las campañas de propaganda injuriosa y calumniosa contra directivos del Diario”.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director editorial del San Antonio Express-News de Texas, Estados Unidos, cuestionó al Mitrab por no haber “investigado todos los detalles” del caso entre LA PRENSA y los ex repartidores.

“Tememos que la resolución presurosa del Ministerio, sin haber investigado todos los detalles del rompimiento del contrato por parte de LA PRENSA con sus anteriores repartidores, pudiera tener la intención política de perjudicar la libertad de los nicaragüenses a recibir noticias y quitarle al Diario su independencia y autonomía para adoptar criterios empresariales en bien de su cartera de clientes y lectores”, dijo Rivard.

LA PRENSA apeló la resolución del Mitrab y está a la espera de una nueva decisión.

LIBERTAD DE PRENSA RESTRINGIDA

“La libertad de prensa se ve seriamente afectada cuando se restringe la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes y cuando se crean obstáculos al libre flujo informativo”, indicó Rivard, al comentar los acontecimientos de Managua.

“Confiamos que éste no sea un intento solapado por entrometerse en la mecánica contractual a la que tiene derecho cualquier empresa y está amparada por la propia Constitución nicaragüense”, agregó el representante de la SIP.

CINCO DENUNCIA HOSTIGAMIENTO GENERALIZADO

Por su parte, la periodista Sofía Montenegro denunció un hostigamiento generalizado de parte de las instituciones del Gobierno en contra de los medios de comunicación, empresas privadas y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) independientes de Nicaragua.

“Tratan de acallar las voces y es una suerte de mecanismo de presión, que intentan disfrazar como que uno está en falta con el Estado o está en falta con los trabajadores y obviamente no tienen ninguna credibilidad y hay que denunciar (el hostigamiento)”.

 

Sofía Montenegro, Periodista.

LA PRENSA/ ARCHIVO/ B. PICADO

 

De acuerdo con Montenegro, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) sufrió hace dos meses una estrategia idéntica a la que encara en la actualidad el Diario LA PRENSA.

“Hemos sido víctimas de la política de hostigamiento. Recientemente, en el caso nuestro, se reflejó una pretensión de obligarnos a pagar multas inexistentes porque querían, igualmente, obligarnos a reconocer como empleados (a una serie de) contrataciones por servicios profesionales puntuales, eso fue hace un par de meses, en contra de Cinco”, denunció Montenegro.

Hace dos años, las oficinas de Cinco fueron allanadas por las autoridades.

“Es la misma lógica, es una forma de operación selectiva contra ciertos espacios de comunicación que mantienen posiciones independientes. En el caso nuestro ha sido un hostigamiento y una guerra declarada desde que nos allanaron (en 2008) y se presta a todo tipo de hostigamiento. Para nosotros es claro que se trata de la misma maniobra y forma de acosar”, añadió Montenegro.

El gobierno sandinista ha cerrado las fuentes de información a los medios de comunicación independientes y lo habitual del régimen orteguista es que los funcionarios públicos brinden declaraciones únicamente a los medios oficialistas.

“Todos sabemos en este país que ese tipo de procedimientos es porque viven encima de los medios como una espada de Damocles. Visto desde afuera el caso de LA PRENSA tiene la misma lógica (de Cinco) porque es evidente para cualquiera que servicios son servicios. Están en el marco de esa lógica, me parece repudiable, porque es una manera de venganza política, hostigamiento, presión y desgaste al que tienen sometido a los medios y a las empresas privadas, porque tengo entendido que este tipo de hostigamiento lo hacen en contra de algunas empresas y ONG”, sostuvo Montenegro.

AMCHAM REITERA APOYO A LA PRENSA

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), Róger Arteaga, condenó el uso de morteros en contra de LA PRENSA, cuando el pasado martes los ex repartidores se apostaron a las afueras del edificio de este Diario.

“Es condenable, porque para eso existen las leyes, los tribunales, el Ministerio del Trabajo; pero la forma de resolver a morterazos, nosotros la condenamos. Es como lo que hicieron contra el Holiday Inn (abril 2010) y la Embajada de Estados Unidos (octubre 2009); nosotros condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga y más cuando es de esa manera, con morterazos y afectando las instalaciones de una empresa privada”, subrayó Arteaga.

Finalmente, Montenegro criticó los mecanismos de presión disfrazados que utiliza el Gobierno en contra de los medios de comunicación independientes.

“Tratan de acallar las voces y es una suerte de mecanismo de presión, que intentan disfrazar como que uno está en falta con el Estado o está en falta con los trabajadores y obviamente no tienen ninguna credibilidad y hay que denunciar (el hostigamiento)”, afirmó Montenegro.

 El Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez (derecha) y la abogada Claudia Padilla, denunciaron ante el Cenidh el asedio de las turbas orteguistas contra las instalaciones del Diario LA PRENSA.

LA PRENSA/R.ORTEGA

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