En total 246 defensores públicos están llevando casos en todo el país. La Defensoría Pública tiene presencia en al menos 89 de los 153 municipios de Nicaragua.
LA PRENSA/ARCHIVO J. MORALES

Mauricio Miranda/ Especial para LA PRENSA.- Mujeres con sus niños en brazos. Todas esperando. El televisor encendido que a pocos llama la atención. Una mujer detrás del teléfono en la recepción dice un nombre en voz alta. Lo repite por segunda vez. Finalmente una mujer con sus dos hijos —uno tomado con cada mano— se levanta para decir que es ella por quien pregunta.

Otra mujer sale desde el interior de las oficinas. En su rostro hay alivio. Las otras que esperan la quedan mirando, esperando su turno. Imaginando que tal vez a ellas les toque la misma suerte. Tal vez. Mientras, todas se conforman con verla marcharse con unos documentos en mano, guardados en un fólder amarillo, como el que algunas de ellas también sostienen con recelo sobre sus regazos.

Calor. Impaciencia. Bullicio. La mujer con los dos niños regresa a su asiento en la fila. Le dijeron que no se mueva, que aguarde un poco más. Y lo hace. Porque todas estas mujeres así lo han hecho. Algunas han aguardado por meses. Otras por años. Y otras casi toda una vida. Así que unos minutos más está bien.

Por momentos da la impresión de que se trata de la sala de espera de algún hospital. De algún dispensario. Pero no son medicinas las que buscan estas mujeres. Al menos, no medicinas tradicionales, de las de frascos con recetas en miligramos y mililitros.

La medicina que ellas buscan se llama Justicia y hay algo que les dice —tal vez su intuición— de que en este lugar podrán encontrarla.

• Lo que dice la ley

  • La Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua establece que es misión de la Defensoría Pública.
  “Proveerá de un defensor público cuando se lo soliciten verbalmente o por escrito personas que no tengan la capacidad económica, previamente comprobada, para sufragar los gastos de un abogado particular y que estuviesen imputadas o procesadas penalmente, así como de un abogado a las o los demandantes de alimentos o litigantes en lo civil, mercantil, derecho de familia y agrarios o trabajadores en lo laboral”, indica la ley.
  
  Entre los casos en que asesora la Defensoría Pública en materia civil y de familia, sobresalen demandas por pensiones alimenticias, divorcios unilaterales, guarda de menores, reposición y rectificación de partidas de nacimiento, actas de matrimonio y actas de defunción.
  
  Además, reconocimiento de hijos, demandas laborales, juicios civiles y juicios agrarios.

• En una encrucijada

  La Defensoría Pública está atravesando actualmente una encrucijada. Cuenta con un plan de cobertura que le indica cómo crecer y hacia dónde (Carazo, Rivas, RAAN, RAAS, Nueva Segovia…) y con un plan institucional que incorpora el tratamiento de temas de género, generacionales, etnias y discapacitados, en la asistencia que pretende brindar a la ciudadanía.
  
  Pero el presupuesto para este año es sustancialmente menor que el del año pasado: 8 millones 610 mil 270 córdobas menos, pues en 2009 fue de 61 millones 934 mil 268, y para este años es de 53 millones 323 mil 998 córdobas.
  
  La doctora Clarisa Ibarra reconoce que este descenso en el presupuesto es la tendencia. “Tenemos el papel, pero lo tenemos que utilizar a dos caras. Se tiene que imprimir con tres papeles carbón, para poder entregar copias. Y de repente no tenemos cómo abastecer”, afirma a Conexiones.
  
  “Ahorita se nos viene un problema con el nombramiento de los nuevos 46 defensores públicos: los tenemos que dotar de equipos de trabajo, de sellos, de un sinnúmero de cuestiones”, indica. Paradójicamente, las zonas de mayor pobreza donde pretende alcanzar cobertura la Defensoría, son las que representan un mayor problema, debido al difícil acceso y largas distancias.
  
  “En los municipios no pueden compartir (computadoras, impresoras y otros equipos) por las lejanías. De una u otra manera la cooperación externa nos apoya, pero es una crisis que tenemos que ver cómo la vamos a resolver”, indica.
  
  Según dijo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han cumplido su compromiso de ejecutar un “plan de sostenibilidad” para garantizar salarios y gastos corrientes, pero ciertamente, la misma Corte está reduciendo su presupuesto para Administración de Justicia, partida donde está incluida la Defensoría Pública.

• Lucha femenina

  Para la magistrada Alba Luz Ramos, primera vocal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se debe aplicar la justicia con perspectiva de género, en defensa de los derechos de las mujeres. “Para que haya igualdad tenés que aplicar a veces acciones de discriminación positiva (hacia los hombres), porque la desigualdad milenaria que hemos llevado las mujeres sobre nuestros hombros no se puede superar de la noche a la mañana, desigualdades históricas producto del modelo patriarcal”, sostiene.

La Defensoría Pública arribó este 2010 a los once años desde su creación. Su objetivo fundamental es que ciudadanos de escasos recursos puedan recibir servicios de asistencia y representación legal en el sistema de justicia.

Los registros indican que la entidad sigue creciendo. Hasta 2002 sólo había 12 defensores y defensoras públicas que operaban sólo en Managua. Este año se nombraron 46 nuevos funcionarios asignados a distintos departamentos del país. En total 246 defensores públicos están llevando casos en todo el país.

NO ES ASUNTO DE CAPRICHOS

La historia de Gloria María Ubilla empezó hace unos diez años, cuando terminó su relación con su pareja, el padre de su primera hija, quien ahora ya tiene dieciséis años.

Según doña Gloria, si antes, cuando aún estaba junto con su ahora ex pareja, le pasaba “lo que él quería” para la manutención de la pequeña, al separarse esa cuota se transformó en nada. “Yo no sé qué es lo que pasa en este país, que los hombres cuando dejan a las mujeres ya no le dan a los hijos”, comenta.

La primera reacción fue olvidar el caso. Pero la falta de dinero para poder mantener a la niña la llevó hasta una de las sedes del Ministerio de la Familia.

Sin documentos y con solamente su palabra para exigir algún derecho, no llegó muy lejos. “Me sentí ridícula. La respuesta que me dio un abogado del Ministerio fue: “Si él te quiere dar bueno, si no, también”, relata.

La desilusión duró unos ocho años cuando una amiga que vendía pan en el Mercado Roberto Huembes, donde doña Gloria trabajaba en esa época, le dijo que en la Defensoría Pública, ubicada del Hospital Fernando Vélez Paiz, dos cuadras y media hacia el Este, en Managua, le podían ayudar.

EL IMPACTO

Los registros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indican que la Defensoría Pública ha tenido una importante incidencia en el sistema de justicia nicaragüense.

La cifra de atendidos desde 1999, cuando se creó, asciende a 177 mil 366. Hasta ahora, los casos en materia penal son los que han significado una mayor demanda de parte de la ciudadanía, con 93 mil 479. Con frecuencia se trata de personas llevadas hasta los juzgados acusadas de cometer algún delito, que no se pueden pagar un abogado.

Pero las mismas autoridades de la Defensoría Pública intentan convencer a los usuarios de los otros beneficios que pueden obtener si se acercan a las oficinas de la entidad.

De acuerdo con los registros de la CSJ, la Defensoría ha atendido 20 mil 37 casos en materia de familia, 3 mil 48 en materia civil, 1,343 en materia laboral, 125 recursos de amparo y 28 casos en materia agraria.

“Vos mejorás el acceso a la Justicia. Cuando vas a Musawás, que es una comunidad indígena de mayangnas, y celebrás 50 matrimonios, les estás mejorando la vida”, señala Clarisa Ibarra Rivera, directora nacional de la Defensoría Nacional.

“Nosotros no prestábamos el servicio en La Paz Centro ni en Nagarote (a unos 60 kilómetros al occidente de Managua) ni en los municipios cercanos a León. Tenemos una defensora que tiene un mes de estar ahí y ya tiene una captación de 22 personas, son conflictos familiares: padres que han abandonado a sus hijos y que no les han dado pensión alimenticia”, afirma.

“En las capacitaciones en las comunidades se les empieza a decir: cuáles son sus derechos, los de los niños, de las mujeres. Empezás a hablar sobre normativas y sobre la Constitución, y estás haciendo una labor de educación cívica, y eso es acceso a la justicia”, añade.

LA RESPUESTA CON RECURSOS LIMITADOS

Dos semanas después de la primera visita a la Defensoría Pública, doña Gloria Ubilla recibía una llamada telefónica de la institución. Un abogado le informó que su proceso ya había sido iniciado, y que él se encargaría de asesorarla.

Aunque de paso le advirtió: no contaban con mensajería, y los documentos como exhortos para una mediación y constancias dirigidas a su ex pareja, tendría que trasladarlos ella misma.

De hecho, la Defensoría Pública cuenta con una flota que no supera los ocho automóviles, casi todos concentrados en Managua, como sede central, Masaya y Matagalpa, beneficiados recientemente con un proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y el Gobierno de Cataluña.

Las gestiones y traslados, en los aproximadamente 130 municipios donde opera la entidad, son realizadas por defensores públicos que se las ingenian para movilizarse.

“Yo le dije está bien, por eso no hay problema. Así que comencé a dejar por mi cuenta los exhortos”, cuenta doña Gloria que le respondió al defensor público. La gira no era cercana, ya que su ex pareja tenía su domicilio en la ciudad de Rivas, donde cuenta con autobuses que destina para el negocio de transporte, según ella.

Tras varias idas y venidas notificando a su ex pareja, el abogado finalmente la llamó, para informarle que “el papa de la niña vino, y quiere mediación con usted”. Este año, después de tanto tiempo, y pese a la insistencia de su propia hija para que desistiera del caso, las gestiones ante la Defensoría Pública empezaron a dar resultados. Y el ánimo de doña Gloria empezaba a mejorar.

Según doña Gloria, su ex pareja puso traba tras traba para no acceder a una mediación. Hasta que intentaron una última opción: una pensión alimenticia provisional, la cual le garantizaría a su hija una pensión mensual de 2,000 córdobas hasta que un juez dictara sentencia sobre el caso.

“Ya he recibido mayo, junio, julio, agosto”, relata. “Pero el abogado me dice que esto va para juicio, donde ya puedo decir cuánto es que quiero para cubrir los gastos reales de mi hija”, añade.

Por ahora, su expediente está a la espera de un juicio en los tribunales. Pero haciendo un balance en retrospectiva, doña Gloria afirma: “Estoy agradecida con Dios, y con la institución, porque nadie se había preocupado tanto en mi caso, como en tantos casos que hay ahí, porque somos montones de mujeres”.

Y añade: “Yo no me quejo. Ahora, creo que toda esta situación es por falta de cultura. Los hombres se han vuelto demasiado machistas. Creen que si ya no están con una mujer teniendo relaciones sexuales no tienen por qué hacerse cargo del hijo. Antes eran violados todos mis derechos. “Yo ahora respiro un poquito más”.

Ver en la versión impresa las páginas: 4 A