Sucesos | domingo 5 de septiembre 2010
Condenado a tres años de cárcel
Wilmer Mayorga Molina, de 21 años, fue condenado a tres años de cárcel por difundir pornografía, utilizando a una adolescente en la ciudad de Tipitapa. LA PRENSA/ARCHIVO
La mañana del pasado viernes, mientras los capitalinos pasaban sustos por las afectaciones de los aguaceros, en los juzgados de Tipitapa otro susto pasaba Wilmer Jesús Mayorga Molina, de 21 años, quien fue llevado a los juzgados para escuchar su lectura de sentencia por el delito de pornografía en la Modalidad de Difusión, del que fue encontrado culpable a finales de agosto.
El judicial Sergio Amador Perezalonso le dictó tres años de prisión y manifestó que el reo no tenía agravantes, refiriéndose a que no tenía antecedentes penales sólo atenuantes.
El joven de inmediato fue regresado al sistema penitenciario nacional con los custodias que lo llevaron.
El juicio técnico en que fue encontrado culpable se realizó la tarde del pasado viernes 27 de agosto en el Juzgado Distrito Penal de dicho municipio.
Según la acusación, en junio del año pasado el condenado había mostrado un vídeo donde aparecía una menor de edad sosteniendo relaciones sexuales con un primo del procesado.
EVIDENCIAS
La fiscal Eyra Jirón, en representación del Ministerio Público en el juicio, demostró el delito con las testimoniales de algunos testigos que manifestaron que el procesado les había mostrado el vídeo.
Otra evidencia presentada por la Fiscalía fue un celular conteniendo las imágenes señaladas en la acusación.
También había un acusador particular que presentó la valoración de una sicóloga que atiende a la víctima y que indica que ésta a raíz de la situación está padeciendo de estrés e ideas suicidas.
Algunas organizaciones de mujeres también estuvieron presentes durante el proceso, así como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El juicio en un inicio fue reprogramado varias veces por diferentes circunstancias.
Además, hubo una serie de reclamos por parte de la familia de la perjudicada, quienes manifestaban que el procesado era protegido.
Agregaban en la denuncia en los Derechos Humanos que organizaciones afines al Gobierno habían enviado cartas de recomendación del joven al judicial.
Parientes de la adolescente y amistades se apostaban en los juzgados con carteles en las primeras programaciones de la vista, que a veces se suspendía por diferentes razones.
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