El FSLN controla la justicia en el país.  En la imagen, el presidente Daniel Ortega  saluda efusivo al ex magistrado Rafael Solís (izq.), su principal ficha en la CSJ.
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Molestos con la situación,  el ex  magistrado liberal Dámicis Sirias y sus colegas Manuel Martínez y Sergio Cuarezma.  
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El magistrado Martínez, de tendencia liberal, indicó que la solicitud no será partidaria ni particular, sino institucional. “Se hará por el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la institucionalidad y la vigencia de los derechos fundamentales”, dijo.

El documento que los liberales enviarán a la CIDH aún está en proceso de elaboración y trabajan en ello cinco de los seis magistrados liberales de la Corte.

La CIDH sería el segundo organismo internacional que conocería de la crisis que atraviesa la CSJ, donde los magistrados sandinistas mantienen en sus cargos a dos magistrados a quienes ya se les vencieron sus períodos y han sustituido ilegalmente a los magistrados liberales con conjueces, además de emitir sentencias ilegales a favor del presidente Daniel Ortega, como la del “decretazo” y la “reelección”.

Antes, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) pidieron la intervención en la crisis de la CSJ a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.

Tanto el Cenidh como la Cejil denunciaron que las actuaciones de los magistrados sandinistas demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, supeditada a los intereses del presidente Ortega.

“Para el Cenidh y Cejil es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de Gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país”, dice un comunicado de ambos organismos.

Vilma núñez, del cenidh. 
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A RAMOS NO LE IMPORTA

La magistrada Alba Luz Ramos quiso restar importancia a la solicitud del Cenidh y la Cejil. Ramos dijo que “ésa (persona que dirige el Cejil) debe ser alguna amiga de doña Vilma (Núñez de Escorcia, fundadora del Cenidh) que ella llamó y enganchó y él dijo que era inconstitucional (todo lo que hacen los sandinistas en la CSJ)”.

“A mí no me importa que le manden a quien le manden, yo sé que estoy actuando en el marco de la Constitución”, defendió Ramos refiriéndose al llamado de los conjueces que hizo en la CSJ.

De acuerdo con el administrador de la CSJ, Róger Espinoza, a los conjueces aún no se le ha pagado ni un centavo.

Pero los liberales consideran que los conjueces, cuando llegaron a la CSJ, “ya estaban pagados”, dijo el magistrado Manuel Martínez.

Según el administrador Espinoza, al único de los conjueces que le han entregado bono de combustible es a uno que vive fuera de Managua que en este caso es el conjuez Félix Pedro Ocampo, originario del departamento de Matagalpa.

La magistrada Alba Luz Ramos mantiene que en el caso de los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, quienes ya tienen vencidos sus períodos pero continúan usurpando cargos, éstos están amparados por el segundo párrafo del artículo constitucional 201 que nunca ha sido derogado según los sandinistas.

Pero el magistrado Manuel Martínez ha explicado que el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política que fue incluido en el año 1987 fue con carácter transitorio y que sólo tenía validez para un corto tiempo.

Según Martínez, los diputados del FSLN con tal de mantener en sus cargos a los funcionarios públicos —que se les vence el período este año— “se están enredando jurídicamente”.

“Si el segundo párrafo del artículo 201 está vigente, debieron incluirlo desde un inicio en el decreto 3-2010 que emitió el presidente Daniel Ortega para prorrogar los períodos de los funcionarios públicos”, consideró Martínez.

Magistrada Alba Ramos. LA PRENSA/Manuel Esquivel

SITUACIÓN ES GRAVE

El magistrado de la CSJ ha alertado que en el caso del Poder Judicial es grave que los magistrados, a quienes se les vence su período, se mantengan en sus cargos, ya que el impartir justicia una vez concluido su cargo, traería nulidades en las sentencias que éstos firmen.

En el caso de los conjueces, los magistrados liberales sostienen que éstos no tienen razón de estar en la Corte Suprema, ya que ellos están presentes en la CSJ, aseguró Martínez.

Martínez indicó que el objetivo de los sandinistas es legalizar la reelección del presidente Daniel Ortega y por eso están cometiendo muchas ilegalidades en la CSJ.

La magistrada Ramos intentó desmentir las aseveraciones de los liberales y aseguró que en el caso de los conjueces, con éstos no abordarán sentencias de orden político.

La magistrada Alba Luz Ramos aseguró que la idea de convocar a los conjueces es sólo para fallar casos jurisdiccionales. “En ningún momento nosotros (sandinistas) vamos a conocer ninguna causa de naturaleza política, ni elegir la junta directiva de la Corte Suprema, ni elegir la presidencia e integración de las distintas salas”, dijo.

Para el magistrado Martínez, la realidad es que “la administración de la justicia está siendo adulterada (por los sandinistas)” con la integración de los conjueces en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tras referir que “el producto que se le está brindando a la ciudadanía carece de legitimidad y con ello se atenta contra la seguridad jurídica y se atenta contra la santidad de la cosa juzgada, porque los ciudadanos van a estar siempre en el limbo de la incertidumbre con una resolución emitida por ese tribunal”.

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