LIMA/AFP/EFE
La decisión del Congreso peruano de derogar una ley promulgada hace apenas 13 días y que beneficiaba a militares juzgados por crímenes de lesa humanidad dejó mal parado al Gobierno de Alan García. El martes en la noche, el Congreso derogó por 90 votos contra 1 el decreto legislativo que proponía dejar en libertad a los militares presos que estén más de 36 meses en prisión sin ser sentenciados.
Durante casi dos semanas el polémico decreto 1097 desató una tormenta política con cuestionamientos de organismos peruanos e internacionales, que la calificaron como “ley de impunidad” y de ser una “amnistía encubierta”.
Factor determinante fue una carta que envió el lunes el escritor Mario Vargas Llosa al presidente García en que denunciaba que esa ley significa una “amnistía apenas disfrazada” y que mediante una “triquiñuela jurídica” se abriría “la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos”. Tal avalancha obligó al presidente García a dar marcha atrás y pedir al Congreso derogarla en el más breve plazo.
Por otra parte, García completó ayer su gabinete ministerial formado por amigos y ex ministros para hacer frente a los comicios electorales de octubre y abril próximos.
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