Diferentes sectores han catalogado de infundadas y groseras las declaraciones del presidente Daniel Ortega, del jueves por la noche, en que acusó a los obispos católicos nicaragüenses y al Gobierno de Estados Unidos de querer desestabilizar su administración. Tras decir esto, el mandatario amenazó con sacar a las calles a la gente de su partido.

La fundación alemana Frie drich Naumann, a través de su director de proyectos en la región, Christian Lüth, manifestó ayer su preocupación por el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua y advirtió que esto sólo puede ser frenado mediante la unidad de las fuerzas democráticas, que deberían elegir un candidato único.

La destitución de alcaldes de forma arbitraria, que se traduce en la violación de derechos políticos de los electores; las ilegalidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al sustituir a magistrados por conjueces; y la imposición de un cobro de 300 córdobas por la entrega de la cédula de identidad son algunos aspectos de la denuncia contra el gobierno de Daniel Ortega que expondrá el organismo Cejil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mes.

Para que Nicaragua mantenga los niveles de cooperación otorgados por Japón, deberá cumplir con los parámetros del respeto al orden institucional y al sistema democrático.

El tiempo del “acompañamiento electoral” será reducido a su máxima expresión en los comicios de 2011, de acuerdo con el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, quien ya ve otra vez como candidato a la presidencia a Daniel Ortega.