Sobre la decisión del presidente Daniel Ortega, de obligar a la televisión por cable a encadenarse para transmitir sus discursos, el secretario de la Asamblea Nacional, el diputado liberal Wilfredo Navarro, dijo que “Ortega no puede mandar a cerrar un medio para que le oigan sus charlatanerías… Eso es totalmente cavernario y atenta contra los fundamentales derechos de la población; tendría que ser recurrido totalmente ante los tribunales”.
La empresa de telecomunicaciones Claro, principal proveedora del servicio de televisión por suscripción del país, se pronunció por primera vez ayer sobre la decisión de Ortega de incorporar las transmisiones por cable o satelitales a las cadenas nacionales de radio y televisión, que constantemente convoca.
Azalia Salmerón, gerente de Comunicación Corporativa de Claro, explicó que la decisión de esta empresa de encadenar la señal del servicio de televisión por cable, a la transmisión que ordenó el presidente Ortega el pasado 24 de septiembre, se debió al contexto de emergencia que atravesaba el país debido a las fuertes lluvias que han ocasionado inundaciones y miles de damnificados.
La suspensión de la programación habitual del servicio de cable, ese día, provocó el reclamo de los clientes que pagan por esa suscripción un mínimo de 21 dólares mensual, más impuestos, y cuyo precio aumenta en la medida que incorporan canales o contenidos específicos.
“Tuvimos varias llamadas por la decisión de incorporar la señal de cable a la cadena nacional. Esto se nos solicitó por medio de una carta enviada por Telcor y la razón, por la cual la empresa (Claro) definitivamente estaba anuente a que esto pasara, es porque estábamos ante una situación de crisis”, explicó Salmerón.
- El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) emitió un acuerdo administrativo para dar un respaldo legal al presidente Daniel Ortega, cuando éste exija que las cadenas de televisión, que constantemente convoca, incluyan también a los canales que son ofrecidos en el servicio de televisión por suscripción o cable.
El acuerdo ya se encuentra en vigencia.
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“Tal vez algunas personas no comprendan que el medio televisivo es masivo y las personas que están en un lugar, donde están corriendo peligro, necesitan conocer sobre la emergencia. Tienen que comprender que el medio televisivo puede ayudar a resguardar vidas, algo con lo que estamos comprometidos como empresa socialmente responsable”, añadió la funcionaria de Claro vía telefónica.
Pero los discursos de Ortega en las cadenas nacionales no se limitan a los temas de la emergencia, sino que aprovecha para hacer propaganda política, atacar a sus adversarios y opinar sobre temas internacionales, como sucedió el viernes último, cuando se refirió a las elecciones legislativas en Venezuela.
Salmerón anunció que Claro acatará el acuerdo administrativo 009-2010, emitido por el instituto de Telecomunicaciones (Telcor), que ordena a las empresas proveedoras de televisión por suscripción a poner a disposición su señal, para las cadenas nacionales de radio y televisión que ordene el Presidente.
Enfatizó en que Claro tiene que atender todas las disposiciones emitidas por el ente regulador de las telecomunicaciones.
“Nosotros somos respetuosos de las resoluciones de Telcor como ente regulador, no sólo de Claro, sino de todas las empresas de telecomunicaciones de acuerdo con lo que establece la Ley 200 y todas sus modificaciones. Por tal razón, Telcor es la entidad nacional asignada por el Gobierno para resguardar los intereses en el sector de las telecomunicaciones en el país, y por ende, como empresa, nos apegamos a sus resoluciones”, agregó la funcionaria de la empresa transnacional.
DIPUTADOS OBLIGADOS A REVISAR EL CASO
El diputado Navarro considera que la emisión de esta resolución de Telcor, para garantizar el deseo del presidente Ortega de que todos “escuchen sus charlatanerías”, es “cavernaria” y atenta contra varios principios constitucionales.
Indicó que por ser reformas a acuerdos administrativos y no a la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, el Poder Ejecutivo tiene facultad para aprobarla. Sin embargo, eso no da derecho al Presidente a atentar contra los principios constitucionales de la libertad de expresión, libertad de difusión del pensamiento y las libertades que se refieren a los medios de comunicación.
Pero al no existir “ninguna esperanza de que la Corte Suprema de Justicia frentista, que aplica justicia en este momento, se pronuncie apegada a derecho”, es obligación de los diputados revisar la situación para eliminar “esa barbaridad” a través de una ley, sugirió Navarro.
Considera que esa ley tendría que establecer que “nadie” puede limitar la emisión de señal a los medios de comunicación que estén cumpliendo con la ley, porque eso es un “atentado”.
“También lo es (atentado) que se quiera obligar a la gente a que escuchen su retórica y las barbaridades que dice siempre que habla”, dijo Navarro.
El acuerdo administrativo 009-2010 de Telcor fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del pasado jueves. Éste a su vez reforma el acuerdo administrativo 06-97, referido al reglamento del servicio de televisión por suscripción, y adiciona al acuerdo administrativo 07-97 referido al reglamento del servicio de radiodifusión televisiva.
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