QUITO/ EFE/ AFP
Los líderes de la Legislatura de Ecuador, aliados al presidente Rafael Correa, se negaron a revisar el proyecto de ley que motivó el alzamiento policial el jueves pasado, con lo que fue aprobado ayer de forma automática.
El país sigue bajo el estado de excepción, que el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo que “en principio” se levantaría hoy.
Pese a arriesgarse a que continúe el descontento entre la policía, la jefatura de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país, se negó a reabrir el debate sobre el proyecto de ley que hizo tambalearse al Gobierno la semana pasada.
“Bajo la coacción y la fuerza no es posible pensar en ningún diálogo sobre nada”, manifestó Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea y uno de los principales apoyos del Gobierno en esa cámara.
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“La policía tiene que subordinarse a la ley, si nosotros vamos a eximir a alguien de cumplir la ley por su descontento obviamente no habría Estado de Derecho”, añadió.
La presidencia de la Asamblea Nacional pudo haber convocado sesiones durante el fin de semana para tratar el tema, como quería la oposición, pero al dejar correr el tiempo hasta la medianoche del domingo y no pronunciarse, el proyecto se dio como aprobado de forma automática.
La medida fue el detonante de los disturbios del jueves, cuando miembros del cuerpo de policía y algunos militares se alzaron en protesta contra esa medida, pues a su juicio les reduce los beneficios salariales.
Correa desde el principio se negó a aceptar sus demandas, pero Jimmy Pinoargote, asambleísta independiente de oposición, ve mérito en los argumentos de la policía.
“Ellos no son el burócrata que está sentado en su escritorio…; el policía arriesga su vida…”, expresó Pinoargote.
La ley elimina la bonificación equivalente a un salario extra que los policías y militares recibían hasta ahora tras 15 años de servicio y de dos salarios cinco años después.
El Gobierno asevera que les ha subido el sueldo en los últimos años, con lo que se compensa esa pérdida. Pero incluso asambleístas del Movimiento País, del presidente, han manifestado su inquietud sobre la propuesta legislativa.
La Asamblea, dominada por aliados de Correa, había aprobado mayoritariamente una excepción para la policía y los militares, pero el mandatario vetó esa disposición. El miércoles pasado 77 asambleístas votaron a favor de revocar ese veto, pero su número no llegó a los 83 necesarios, es decir, dos tercios de los escaños.
El Gobierno analiza las grabaciones y vídeos de los sucesos del jueves en el hospital donde internaron de emergencia al mandatario el jueves para identificar a los participantes. El Gobierno también insiste en que la sublevación fue instigada por sus rivales políticos, en particular el ex presidente Lucio Gutiérrez, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas claras.
Por su parte, la oposición de Ecuador responsabilizó de la rebelión al propio Correa, mientras el Gobierno denunció el “silencio cómplice” de esos sectores que desmintieron la versión sobre un intento de golpe de Estado.
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