Tras diez días de ocurridas las ejecuciones en una comunidad de Cárdenas, en Rivas, las mismas se tornan más confusas, pues aparentemente el caso ha tomado un nuevo rumbo, cuando se profundizan las sospechas de posible participación de militares en el crimen.

A esto se agrega que la Policía ha sacado a luz un nuevo elemento: el carro de los sicarios pertenece a una persona vinculada a la estructura de narcotraficantes guatemaltecos de Los Lorenzanas.

Las conjeturas extraoficiales que incriminan a supuestos militares parecen tener base no sólo en la vestimenta de tipo militar que portaban varios de los sospechosos —camisetas negras y pantalón camuflado—, sino en la supuesta presencia de una persona que aparentemente está emplantillada en esa institución militar.

Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Horacio Rocha, aseguró ayer que el uso de la vestimenta militar no es una prueba.

“Aquí no hay pruebas, simplemente es la participación de delincuentes haciendo uso de ropa de camuflaje, ¿verdad?, eso es lo que tenemos, nosotros no podemos decir que ésa sea una prueba determinante para decir que hay participación de militares”, afirmó Rocha.

Sobre señalamientos efectuados por una periodista acerca de la existencia de documentos que indican que uno de los involucrados está en plantilla en el cuerpo militar, Rocha respondió que, de acuerdo a las pesquisas y averiguaciones que ha realizado la institución policial, esa persona a la cual se hace referencia “no está en la plantilla del Ejército”.

El jefe de Relaciones Públicas del Ejército, coronel Juan Ramón Morales, prefirió no referirse al tema.

No obstante, al consultar a las autoridades policiales de que si a la fecha la Policía descarta definitivamente el posible involucramiento de militares en la matanza, la respuesta de Rocha fue: “Es que, mire, en el tema de los vehículos estamos claros, están circulados los mismos, están circulados, aquí hay una investigación y la Policía Nacional sigue esta investigación”.

IDENTIFICADO PROPIETARIO DE VEHÍCULO

Los vehículos a los cuales el subdirector de la Policía hace referencia son en los que el viernes 8 de octubre se movilizaban tanto las víctimas de la ejecución como los hechores.

La jefa de la Dirección e Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala, confirmó que el vehículo donde viajaban los sicarios, según las placas del mismo, pertenece a un nicaragüense, procesado en un caso de crimen organizado el año pasado y que esa institución lo remitió a los tribunales en calidad de investigado.

De acuerdo a la versión de Zavala, Wilfredo Barraza Larios, junto a José Ángel Varela Mendoza, de 63 años, y su hijo José Ángel Varela Castro, de 23 , fueron inicialmente secuestrados por un grupo que se movilizaba en un vehículo Toyota Yaris, color verde, placas M087-932. El mismo aparece registrado a nombre de Arnoldo Shifman Gago.

Zavala aseguró que esta persona, de origen nicaragüense, “ha estado vinculada a un grupo de tráfico de drogas con el cártel Lorenzana, cuya sede está en Guatemala”.

En tanto el vehículo Toyota Corola, color gris, placas 026-852, en que Barraza y sus acompañantes llegaron hasta la gasolinera Shell Nejapa, en Carretera Sur, ese día, había sido alquilado por uno de los Varela, por lo que la funcionaria prefirió no proporcionar el nombre de su propietario, en consideración a éste.

Ambos vehículos no han aparecido, y según las autoridades policiales han sido circulados.

Autoridades policiales confiaron que existe información de inteligencia que indica que Shifman Gago habría salido del país hace unos seis meses y el destino habría sido Guatemala.

CÉLULA DEDICADA AL TUMBE DE DROGA

En diciembre del año pasado, la Policía Nacional desarticuló una célula ligada a los Lorenzana. En esa ocasión fueron capturadas unas 18 personas. Fuentes extraoficiales confiaron también entonces que esa agrupación se dedicaba a comprar droga en los países de la región y también a tumbar entre ellos la droga acopiada.

Y en fechas anteriores a ese operativo se conoció que en la frontera sur, tanto al lado de Nicaragua como en el de Costa Rica, había habido enfrentamientos entre los grupos rivales después que miembros de la célula de los Lorenzana habrían robado un cargamento de droga a colombianos radicados en Costa Rica.

Y el hecho que desencadenó la operación fue cuando el nicaragüense residente en Costa Rica, Miguel Ángel Sánchez, cruzó la frontera herido en un pie, después que a finales de noviembre del año pasado estuvo secuestrado por colombianos tras el robo de 320 kilos de cocaína y 130 mil dólares.

Aparentemente de la carga robada 120 kilos fueron trasladados por la ruta San Carlos-Chontales y otros 100 por Rivas.

¿SECUESTRO O TUMBE DE DROGA?

El martes 12 de octubre LA PRENSA publicó versiones de fuentes extraoficiales que indican que la triple ejecución pudo ser en respuesta al robo de al menos 400 mil dólares, que Barraza habría efectuado hace unos dos meses a narcos hondureños, cuando se quedó con el dinero que correspondía a un cargamento de droga prometido.

Esto habría llevado a que sicarios hondureños ingresaran al país para pasarle la cuenta. Y en ese momento se dijo que un nacional pudo haber participado como contacto con Barraza y los hondureños, quienes habría utilizado como señuelo otra venta de droga.

Pero el jueves pasado la jefa de la DAJ sostuvo que sicarios hondureños viajaron al país a perpetrar la acción criminal, luego que Barraza junto a miembros de una agrupación que éste lideraba había secuestrado a cinco hondureños del cartelito del Palacio, que forman parte de una banda delictiva dedicada al transporte de droga, principalmente para el cártel mexicano del Golfo.

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