Por Julio León Báez.- Hoy 8 de noviembre Día del Bibliotecario como cada año pasa sin pena ni gloria. El menosprecio hacia la carrera de Bibliotecología, cerrada en el año de 1994, como a los bibliotecarios mismos es inaudito, sin mencionar el bajo salario que devengamos por ejercer esta profesión que al igual que cualquier otra debe ser bien retribuida.
Tanto el gobierno como la empresa privada deben preocuparse por equiparar el salario que devengan los bibliotecarios con los otros directores o jefes de áreas de sus dependencias, ya que en muchos casos es absurda y ridícula la diferencia que existen entre ellos cuando en realidad son igualmente profesionales.
Las bibliotecas, centro de documentación o hemerotecas ubicadas en la empresa privada, están relegadas a un espacio insignificante que desmerita el trabajo que en ellas se realizan, además de ser inapropiadas para el resguardo de sus archivos.
Las instituciones estatales tampoco escapan a esta indiferencia, donde muchas de ellas, dan prioridad a otras cosas “más importante” que ordenar, clasificar, catalogar sus documentos. ¿Cuánto tiempo se pierde en las instituciones estatales en buscar algún expediente dentro de tantos sacos, cajas, amontonadas en bodegas a merced del polvo y polillas?
Los archivos y bibliotecas existentes en nuestro país, salvo la Biblioteca del Banco Central y el Instituto de Historia de la UCA, carecen de locales adecuados debidamente equipados para la organización y conservación de sus archivos, careciendo de todo lo básico: estantería, cajas especiales, climatización, etc.
La Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación en su artículo 12 expone: “Los propietarios o poseedores de bienes culturales quedan obligados a entregar previo inventario, a la Dirección de Patrimonio objetos cuando ésta lo solicite para efectos de exhibirlos temporalmente al publico dentro o fuera del país”. Pero, el Gobierno aplica este artículo únicamente a los bienes arqueológicos dejando a un lado el patrimonio documental que poseen escritores, investigadores, historiadores, que dicho sea de paso, algunos de ellos han sido depredadores de dichos documentos como los diarios, los cuales han sido víctimas de sus egoísmos mutilando dichos materiales.
¿Por qué el Gobierno sólo hace énfasis en lo arqueológico pretendiendo poseer un inventario de los bienes que poseen los coleccionistas o dueños de museos privados cuando también deben de preocuparse por los documentos históricos en manos privadas?
El Gobierno debería realizar un inventario de los fondos documentales existentes tanto en los archivos y bibliotecas del Estado como lo que se encuentra en bibliotecas privadas con el objetivo de contribuir al desarrollo de los archivos nicaragüenses incentivando de esta manera la protección de nuestro patrimonio documental, concentrados en los archivos tanto públicos como privados.
Se está perdiendo de manera irreversible el patrimonio documental del país, la memoria histórica de la nación, lo que da testimonio de su vida económica, política, administrativa, social y cultural. La tragedia más grande que le puede ocurrir a un país es no tener ni preservar su memoria escrita, no porque no exista, sino porque no se tiene conciencia de su valor e importancia, mucho menos sentido histórico, se le deja perder con gran indiferencia o se le destruye voluntaria e involuntariamente.
¿Y, quiénes son las personas que resguardan con celo y como si fueran propios los documentos, libros, revistas, diarios? Son los bibliotecarios, amantes del patrimonio documental, preservadores de libros incunables, restauradores aunque sean con las uñas de aquel material deteriorado o en vías de destrucción. Valoremos el trabajo que a diario realizan los y las bibliotecarias.
El autor es bibliotecario.
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