Contando con el apoyo de la Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la niñez y la educación mantienen una campaña denominada “Ponete en mis zapatos”, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad, pero sobre todo en el Gobierno, de la necesidad de que sean asignados más recursos presupuestarios al sector educativo nacional.

Como es sabido, la expresión “ponete en mis zapatos” se usa para instar una persona a otra que comprenda su situación. De manera que los organizadores de la campaña mencionada pretenden motivar a los gobernantes —ejecutivos y legislativos— a que entiendan realmente el problema de los niños que no pueden ir a la escuela o estudian en condiciones sumamente precarias, y que, de conformidad con las metas del milenio establecidas por las Naciones Unidas, asignen más presupuesto a la educación pública hasta llegar a un equivalente al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al respecto hay que recordar que en septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio reunida en las Naciones Unidas aprobó con el respaldo de 189 países y la firma de 147 jefes de Estado, ocho grandes objetivos para el desarrollo que se deben alcanzar en el año 2015, de los cuales el segundo es universalizar la enseñanza primaria.

Esto significa que dentro de cinco años, todos los niños nicaragüenses en edad escolar deberían tener asegurado el acceso a la educación primaria, lo cual, según estimaciones de los expertos requiere que el presupuesto para la educación pública sea equivalente al 7 por ciento del producto interno bruto del país.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega está reduciendo el presupuesto de educación pública, en vez de aumentarlo, según lo denunciaron el lunes de esta semana funcionarios del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), en un análisis sobre el proyecto de Presupuesto General de la República para el próximo año que será aprobado por la Asamblea Nacional en los próximos días. De acuerdo con el IEEPP, la asignación para educación pública en el proyecto de Presupuesto del próximo año, es de 5,553 millones de córdobas, equivalente al 3.7 por ciento del PIB. Lo cual es más o menos lo mismo que se ha venido asignando al rubro de educación en los últimos cuatro años, y representa apenas la mitad de la meta del 7 por ciento que aseguraría la universalización de la instrucción primaria y un aumento sustantivo del acceso a la secundaria.

Asegura el IEEPP que con el presupuesto que el Gobierno programó para el próximo año al Ministerio de Educación (Mined), “esta institución dejaría de atender a unos 20 mil escolares a nivel nacional”. Con esto, dice, “el Gobierno está aceptando que habrá 19 mil 506 niños menos matriculados en primaria en 2011, respecto a los matriculados en el 2010”, según la información que fue publicada ayer martes por LA PRENSA.

Es oportuno recordar que en enero de este año, antes de comenzar el año escolar 2010, la agencia internacional de noticias AFP informó que “oficialmente se estima que cada año entre 700,000 y 800,000 niños en edad escolar quedan fuera del sistema educativo en Nicaragua”. Agregó AFP que la Unesco, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “por su parte, calcula que sólo 27 de cada 100 niños terminan la educación primaria en Nicaragua”. Y consignó además la mencionada agencia europea de información, que “Nicaragua invierte el 3.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en la educación, uno de los más bajos de Centroamérica, según fuentes independientes”.

Ese mínimo porcentaje del PIB asignado a educación sigue bajando, según el análisis del IEEPP, no obstante que la inversión educativa es clave en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo, y a pesar de que según la propaganda oficialista el sector educativo es prioritario en el gobierno de Daniel Ortega y la nave insignia de sus políticas sociales.

En realidad, los gobernantes de Nicaragua en vez de ponerse en los zapatos de los niños que no tienen acceso a la educación, los obligan a ponerse en las botas del Gobierno, o sea a aceptar unas prioridades presupuestarias entre las cuales evidentemente no está la educación. Sólo falta por ver si los diputados oficialistas y de la oposición aprobarán ese proyecto de presupuesto regresivo para el sector de la educación, o se atreverán a hacer los ajustes que necesitan los niños sin escuela, que demanda la sociedad y que las autoridades de Nicaragua están obligadas a cumplir inclusive por compromiso internacional.

Ver en la versión impresa las páginas: 10 A