El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gonzalo Beltrán, defendió las fortalezas de la ley, especialmente por modernizarse con la legislación internacional.
Pero Beltrán admitió que requiere armonizarse o bien derogarse la Ley de Contrataciones Municipales, así como que el país tenga una legislación sobre lo contencioso administrativo, pues reconoció que de lo contrario “el sistema queda cojo”.
No obstante, el consultor aseguró que la nueva Ley de Contrataciones garantiza la transparencia en el proceso de licitaciones y adjudicación de los proyectos públicos en Nicaragua.
Dijo que esto se debe, entre otras cosas, que en el proceso los oferentes participan en iguales condiciones, al eliminarse de la evaluación la asignación de puntajes a favor de los proponentes con más capacidad financiera y operativa.
“Lo que se le pide al proponente es la capacidad de finalizar la obra que se le adjudique y eso hace que la contratación pública se democratice y eso abre las posibilidades a las pymes”, dijo.
Además, porque incluye el “principio de subsanabilidad”, que permite que “todos los problemas de las ofertas se pueden arreglar, salvo que implique modificar los criterios de evaluación de los pliegos”.
Insistió Beltrán que “ahora Nicaragua va a comprar bien”, por lo cual “si los parámetros de selección son transparentes, la capacidad de auditar la gestión pública por el conglomerado ciudadano será más sencilla”.
DEBILIDAD
Agustín Jarquín, ex contralor de la República y actual diputado presidente de la Comisión de Municipios de la Asamblea, dijo que lo viable es reformar la Ley de Contrataciones Municipales al marco general.
Sin embargo, Jarquín afirma que mientras en el reglamento de la Ley de Contrataciones no supere la debilidad sobre el proceso de la figura de las compras simplificadas, “se concede luz verde a la discrecionalidad del funcionario al frente de la institución y a la corrupción”.
“Tiene que definirse la figura del cartel que mande a publicitar la decisión del funcionario de la compra por urgencia, donde se diga la empresa que puede suplir la necesidad”, explicó.
De esa manera, dijo, en plazo de siete días habrá otros oferentes que pueden oponerse y presentar propuestas de mejor calidad y más baratas.
Mientras, el diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, dijo que “es urgente un diálogo” entre la Asamblea y el Poder Judicial para definir sobre las normas para el control y procedimiento de lo contencioso administrativo.
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