Josué Bravo
CORRESPONSAL COSTA RICA
En un intento por “curarse en salud”, y poner distancia del aumento de la xenofobia costarricense contra la migración nicaragüense, la mandataria Laura Chinchilla, llamó a los nicaragüenses que vivan en Costa Rica a que no tengan temor a represalias por el conflicto.
“Me han dicho que hay un grupo importante que ni siquiera va a ir a visitar a sus familiares en diciembre, cuando yo sé que esa es precisamente la fecha más importante para ellos. En los próximos días desplegaremos una estrategia más intensa de comunicación para aclarar estos temores que están aquejando a la población nicaragüense”, aseguró Chinchilla al diario La Nación.
No es la primera vez que la mandataria hace este llamado, pero sus palabras parecen ser en vano en un país donde la xenofobia (cabe aclarar que no son todos los costarricenses) hacia los nicaragüenses se disparó debido al conflicto.
En redes sociales de internet, sitios públicos, centros de trabajo, autobuses y hasta en grandes medios de comunicación, se promueven acciones contra la inmigración como solicitudes de deportaciones masivas, cierre de la frontera con Nicaragua, bloqueo a las remesas, suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales.
Aunque no se atreven a denunciarlo por temor a represalias, hay trabajadores que han sido despedidos por patronos que se aprovechan de la situación para no pagar sus derechos laborales, pero también hay servidoras domésticas que sus patronos las hostigan continuamente.
Las declaraciones de Chinchilla parecen tener un trasfondo: en Costa Rica actualmente se necesitan alrededor de 80 mil obreros para recolectar café, melón, piña, caña de azúcar y cítricos.
Muchos de esos puestos que se manejan a la libre y sin pagar derechos laborales, son ocupados por inmigrantes nicaragüenses que viajan al país en condición migratoria irregular y luego retornan a Nicaragua cuando termina la cosecha.
Se espera que en diciembre o enero próximo, Costa Rica termine de reglamentar una ley migratoria que está en vigencia desde inicios de año, la cual aplica la multa de 100 dólares mensuales al extranjero que permanezca irregularmente en el país.
Además de ese cobro, la ley aumentó el costo de algunos servicios y a raíz de su entrada en vigencia, la visa de ingreso a Costa Rica pasó de 20 a 30 dólares.
DESESTIMAN DECLARACIONES DE ORTEGA
Más temprano el gobierno costarricense desestimó las declaraciones dadas por el presidente Daniel Ortega, el viernes, en las que revive el interés de Nicaragua de construir un canal interoceánico usando el río San Juan.
El canciller René Castro, quien recordó que la intención de construir un canal interoceánico en la zona data desde tiempos de Napoleón III (siglo XIX), dice que la legislación histórica y actual entre los dos países (tratados y laudos), exigen que Costa Rica esté de acuerdo a la eventual construcción de un canal.
“Tiene que notificársenos por el impacto inmenso que habría en nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros humedales y pues yo no puedo nada más interpretarlo como una acción descontrolada ante nuestra ida a la Corte de La Haya”, estimó Castro a periodistas.
La noche del viernes, Ortega dijo que la construcción de un canal es un derecho de Nicaragua que puede ejercer cuando disponga y con la inversión de quien desee.
“El presidente Cleveland tuvo el cuidado de establecer en el laudo que, haciendo obras para un eventual canal, Nicaragua podía afectar territorio costarricense, que luego tendría que ser indemnizado, por eso en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del año 2009, queda claro que Nicaragua puede dragar, limpiar el río, puede realizar obras y cuando estas obras afecten territorio costarricense, Nicaragua está obligada a indemnizar a Costa Rica”, dijo Ortega.
Por este conflicto, Costa Rica planteó una demanda en la CIJ por supuestos daños ambientales y violación a la soberanía, en la que pide medidas cautelares como el cese del dragado y retiro de militares de Harbour Head de Nicaragua.
Aunque oficialmente la cancillería no lo ha confirmado, medios locales aseguran que la primera audiencia será el 11 de enero del 2011, para valorar la petición de las medidas cautelares.
“En este caso nosotros como acusadores hacemos nuestro planteamiento, Nicaragua replica, hay en los días subsiguientes otras vistas en que se les da la oportunidad a cada uno de los dos países y en periodo corto, en pocos días la Corte decide si ya tiene suficiente información o si necesita ampliación (de los argumentos) y tomará una decisión”, explicó Castro.
