El Gobierno tiró otro “salvavidas”, esta vez de 50 millones de córdobas, a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) para que pueda saldar sus deudas con la Distribuidora del Norte (Disnorte), parte del conglomerado Gas Natural de distribución eléctrica.
Por medio del acuerdo presidencial 277-2010 emitido por el presidente Daniel Ortega y publicado en La Gaceta, diario oficial del pasado martes, se ordena al ministro de Hacienda y Crédito Público pagar la cantidad mencionada anteriormente a la distribuidora eléctrica por deudas atrasadas de Enacal, en concepto de facturación vencida a diciembre del 2009 y energía registrada en contadores y que está pendiente de facturar.
Dado su carácter de entidad autónoma, Enacal debería sostenerse con sus propios recursos, pero esta empresa desde la administración de la antigua directora Ruth Herrera, acarrea una mora por su consumo de energía que alcanzó los 200 millones de córdobas.
Herrera, en una de sus últimas actividades como presidenta de Enacal, reveló que el Gobierno amortizaría con 105 millones de córdobas esta deuda. El acuerdo presidencial emitido por Ortega específica que los 50 millones de córdobas están contemplados en el Presupuesto General de la República 2010.
Se buscó conocer a cuánto ascendería actualmente la mora que Enacal tendría con Gas Natural, pero el vocero de esta transnacional, Jorge Katín, se encuentra fuera del país y su similar de Enacal, Maritza Tellería, dijo que buscaría la información y que respondería, lo que al final no ocurrió hasta el cierre de esta edición.
La decisión de subsidiar a la aguadora fue decidida por el Gobierno en un contexto en el cual el Estado todavía conserva como propio el 16 por ciento de las acciones de Gas Natural, compra que fue finiquitada cuando Disnorte y su contraparte Dissur eran operadas por Unión Fenosa, ahora Gas Natural.
Herrera, cuando fue coordinadora de la Red Nacional de Defensa del Consumidor, era una fuerte crítica de la mora que acarreaba Enacal, alegando que ésta era causada por la mala administración de la aguadora.
Sin embargo, como funcionaria pública no pudo superar este mismo problema durante sus tres años de gestión, hasta que fue removida del cargo debido a las presiones en su contra por parte de sindicatos sandinistas, y detrás de las cuales estuvo el diputado sandinista Gustavo Porras.
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