Una nueva amenaza se cierne sobre la observación electoral debido a la advertencia que hizo el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, de inhibir aquellos organismos que utilicen fondos públicos de terceros países, para capacitar a miembros de partidos políticos para el proceso electoral.
Durante una comparecencia el pasado miércoles con medios oficialistas, el funcionario de facto no sólo justificó el cambio de observación a acompañamiento, alegando que antes se utilizaba el mismo en gobiernos dominados por dictaduras, sino que también alertó que los organismos de observación, tanto nacional como internacional, podrían infringir la ley.
“Es importante en esto del acompañamiento, que el reglamento contemple, por ejemplo, el tema del financiamiento que tienen los organismos que van a acompañar, inclusive sean organismos internacionales, como sean organismos de carácter nacional”, indicó Rivas Reyes.
Quien inmediatamente agregó: “¿Y por qué del acompañamiento? Porque la Ley Electoral es muy clara, y hay un delito que prohíbe el uso de fondos que vengan de fondos públicos de terceros países para financiamiento de campañas electorales, y lo que ha ocurrido en Nicaragua, históricamente, es que algunos organismos dizque de observación electoral nacional, se han dedicado a capacitar fiscales de partidos políticos, lógicamente esto los hace caer en la violación de la Ley Electoral”.
Para Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), lo expresado por el funcionario de facto refleja en primer lugar, que solo busca nuevos argumentos, para marginar del proceso electoral a los organismos de observación nacional, a los que anteriormente ha negado la acreditación al tildarlos de movimientos políticos.
“Hay que dejar claro de que cuando no existe voluntad política se inventan pretextos”, adujo Zúñiga.
Acto seguido, desmintió lo expresado por el magistrado de facto Rivas, ya que recordó que el único que ha capacitado fiscales de partidos políticos con fondos extranjeros, que obviamente provienen del dinero de contribuyentes de terceros países, es el mismo Poder Electoral.
Entre los organismos que Zúñiga mencionó han patrocinado capacitaciones brindadas por ese poder del Estado, está el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Federal Electoral (IFE) de México y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).
CSE es el infractor
“Ellos están ahora utilizando un argumento que ellos mismos han hecho como institución”, manifestó Zúñiga.
El representante del Ipade dijo que en el caso de ese organismo de observación, a quienes han capacitado es a su red de observadores.
“Yo creo que lo que hay aquí es buscar pretexto para no hablar claramente de que se está violando la Constitución y la Ley Electoral, que es de rango constitucional, porque esa figura de acompañamiento no existe, y para poder hablar de acompañamiento en Nicaragua, se tiene que reformar la Ley Electoral”, observó Zúñiga, quien añadió que reglamentar el acompañamiento es una violación expresa a la legislación nacional, debido a que ese concepto no se encuentra acuñado en la misma.
La diputada Jamileth Bonilla, quien se ha desempeñado como secretaria de organización del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), coincidió también con el representante del Ipade, en el sentido de que ninguno de los organismos de observación nacional ha capacitado a miembros de instituciones políticas que participan en procesos electorales.
Bonilla señaló que si algunos de estos organismos de observación utilizara recursos para capacitar a miembros de partidos políticos, perderían la imparcialidad que los caracteriza.
Bonilla recordó que cada partido político tiene la obligación de buscar cómo capacitar a sus miembros en la defensa del voto, y los recursos para financiar los mismos proceden de organizaciones como el IRI o el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).
La parlamentaria expresó que el CSE capacita durante los procesos electorales a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, fiscales de los Centros de Cómputos, así como a la Policía electoral.
Busca justificar
Por su parte el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Javier Vallejo, cuestionó el argumento expresado por el funcionario de facto, quien señalaba que la observación era necesaria en las dictaduras, expresando que por el contrario, a ningún dictador le conviene la presencia de observadores que garantice la transparencia del proceso electoral, ni tampoco las permite de “primas a primera”.
Vallejo insistió que la observación electoral es una garantía de transparencia en un proceso electoral, y desestimó lo expresado por el funcionario de facto, ya que destacó que países donde se realiza la observación electoral como Brasil, Honduras, El Salvador, no viven en una dictadura.
A Vallejo le sorprende que ahora Rivas diga que la observación se limita a gobernantes dictatoriales, cuando él era el primero que los invitaba y acreditaba en procesos anteriores sin mayores obstáculos, y donde aprecia, Nicaragua no vivía sometida a un régimen antidemocrático.
Vallejo es del criterio que la obstaculización a los organismos de observación nacional responde al temor de que develen el fraude que pretenden impulsar nuevamente, por conocer mejor que cualquier otra representación el terreno.
“Eso es lo que le molesta al señor Roberto Rivas, que dicho sea de paso, no tiene autoridad moral para estar hablando porque es un magistrado de facto, no ha sido electo de acuerdo con la Constitución, y cobardemente se ampara bajo un decretazo también ilegal”, aseveró Vallejo.
Bonilla, por su parte agregó que el acompañamiento es un “nuevo término que se han inventado para querer eliminar el tema de la observación”, tan necesario en Nicaragua, donde la democracia “fue lastimada”.
“Nosotros vivimos en democracia, la democracia es maltratada cuando se da un fraude en las elecciones, ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso no es una dictadura cuando se roban las elecciones abierta y vulgarmente?”, apuntó Bonilla, quien indicó que la observación es por ello que se hace imperante en el país.
Investigación contra Rivas duerme el sueño de los justos
El grupo denominado como Asociación de Abogados Democráticos llegó ayer a la Fiscalía de la República, con el objetivo de que se les informe sobre el progreso que han tenido las constantes denuncias que han interpuesto contra Roberto Rivas, presidente de facto del CSE, los contralores e incluso contra el Presidente de la República.
La última denuncia la hicieron el 30 de noviembre, en la cual acusan a Rivas y demás magistrados de facto del CSE, por sospechas de fraude, peculado y malversación de fondos del Estado de Nicaragua.
Según el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, la denuncia la asumió el fiscal Armando Juárez, quien hace unos días le informó que le dio cabida y la mandó a investigar.
Sin embargo, Centeno Gómez aclaró que todo eso tiene un proceso de investigación, sobre todo cuando se trata de denuncias de esa naturaleza y puso de ejemplo el caso del ex mandatario Enrique Bolaños, el que aseguró, tardaron un año en proceso después que la Contraloría dijo: “ha lugar y hay méritos”.
Lulio Marenco, uno de los abogados democráticos, dijo que han interpuesto unas seis denuncias contra el magistrado de facto Rivas, desde mediados del 2008, pero hasta ahora no les han dado ninguna respuesta. No obstante, señalaron que Juárez ayer les dijo que en los primeros días de enero les informará sobre la investigación.
El abogado Gustavo García, señaló que en lo que respecta al CSE y sus funcionarios de facto, seguirán denunciándolos por corrupción, por malversar fondos y enriquecimiento ilícito. Cabe señalar que una de las denuncias que interpusieron tiene que ver con los 37 millones que el CSE adeuda a un banco privado, la cual fue avalada como deuda pública por la Asamblea Nacional, sin embargo García señala que eso es un mal precedente.
