Ortega hizo esa declaración en una comparecencia ante algunos de sus partidarios, con la que sustituyó la presentación del informe anual sobre la gestión gubernamental ante la Asamblea Nacional, que es lo que manda la Constitución en su artículo 139, inciso 16, al establecer que es atribución de la Asamblea Nacional “recibir en sesión solemne al Presidente y al Vicepresidente de la República, para escuchar el informe anual”; y reitera en el artículo 150, inciso 15, que el Presidente de la República debe “presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales”.

Ortega declaró en su perorata del lunes por la noche, durante la cual impuso una cadena nacional de radio y televisión y suspendió todos los canales de cable —creyendo que así toda la población estaría obligada a verlo y escucharlo, pero lo que hizo la mayor parte de televidentes fue apagar sus telerreceptores—, que: “No queremos ya más observaciones en nuestras elecciones. Estamos cansados de intervenciones. Si quieren venir a acompañarnos, que nos acompañen, pero no queremos controladores de nuestras elecciones… los mejores observadores los tienen y los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones; los mejores defensores del voto los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones”.

Quizás la OEA, la ONU, la Unión Europea, los organismos internacionales de observación electoral como el Centro Carter, y los gobiernos democráticos a título particular, se amedrenten con esas expresiones de Daniel Ortega. O tal vez las tomen flemáticamente y digan que, aunque la Ley Electoral de Nicaragua hable de “observación” y no de “acompañamiento” electoral, el nombre es lo de menos y lo importante es estar presentes y ver cómo se realizan las elecciones de noviembre.

Pero los organismos nacionales de observación electoral, como Ética y Transparencia y el Ipade, no se arredran ante Daniel Ortega y su Consejo Supremo Electoral. Por el contrario, están preparando a miles de activistas que van a ejercer su derecho ciudadano de observar las elecciones y de denunciar todas las anomalías y fraudes que se cometan en los cruciales comicios de noviembre.

Según información publicada ayer en LA PRENSA, “54 mil voluntarios de Ética y Transparencia e Ipade harán valer su derecho constitucional de observar (el) proceso electoral”. Al respecto el señor Roberto Courtney, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ética y Transparencia, aseguró que “no hay manera de eliminar la observación nacional. La internacional, con sólo cambiar el reglamento y limitar las visas provocará que los observadores internacionales que se respeten, no vengan. Pero los nacionales no necesitamos ningún permiso. Haremos uso de nuestro derecho de entrar a votar, evaluar, presentar pruebas y emitir informes…”

En realidad, lo único cierto que dijo Daniel Ortega el lunes pasado en la noche —cuando confiscó el derecho de todos los nicaragüenses al libre acceso a la radio y la televisión y a ver y escuchar los programas de su preferencia, no los que quiera imponer el gobernante—, es que “los mejores observadores los tienen y los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones; los mejores defensores del voto los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones”.

Pero mejor dicho, eso es lo más aproximado a la verdad de todo lo que dijo Ortega en su perorata del lunes de esta semana. Realmente, no serán las denominadas “fuerzas” políticas, o sea los partidos a los que se refiere Ortega, los mejores vigilantes y defensores del voto.

Son los ciudadanos los que van a cumplir esta tarea trascendental, de manera directa y organizados en asociaciones como Ética y Transparencia e Ipade. Y es importante mencionar que esta valiente decisión de observar las elecciones aunque no lo quiera el orteguismo, contrasta notablemente con la actitud claudicante de las “fuerzas” políticas que han entregado todos los poderes del Estado a Daniel Ortega, a cambio de mezquinas granjerías que denominan “cuotas de poder”. Una traición a la democracia en la que van a persistir, mientras sus bases y los ciudadanos en general lo sigan permitiendo.

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