Sin quererse erigir como un tribunal, según sus propias palabras, Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), cuestionó este jueves la ética del director general de Ingresos (DGI), Walter Porras.
A lo largo de diez días, a Porras se le ha señalado de irregularidades financieras y de violación de los derechos laborales de los trabajadores sin que hasta ahora ofrezca su versión sobre señalamientos concretos de contratos a familiares, aprovechamientos de recursos para promover la imagen del presidente Daniel Ortega, así como la evasión del pago de las prestaciones a los trabajadores de la institución, igual que las retenciones en concepto del aporte al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), por ejemplo.
González dijo que “el Gobierno del Frente Sandinista ha establecido de forma muy clara la actuación ética de los funcionarios públicos del Gobierno del FSLN como servidores de la ciudadanía, como servidores transparentes del pueblo. Por lo tanto debo dejar claro que estas informaciones que han estado circulando nada tienen que ver con el planteamiento ético del gobernante FSLN y del presidente Daniel Ortega”.
El lunes pasado LA PRENSA divulgó un informe interno de la DGI donde se plantea que Porras debía 107 millones de córdobas a diciembre de 2009, la gran parte concentrada en el pago de prestaciones a los trabajadores.
González aseguró que las denuncias seguro están siendo evaluadas por Ortega y cuestionó de manera frontal el maltrato denunciado por varios ex trabajadores de la DGI, que han relatado en los últimos días la politización y el maltrato que Porras les ha infringido desde que inició su gestión en enero de 2007.
El miércoles pasado la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) reveló que Porras ha despedido a 747 trabajadores. LA PRENSA confirmó en los tribunales laborales que contra el funcionario se ha interpuesto además 32 demandas.
LA PRENSA llamó a Porras, pero no respondió. En su oficina esta vez su asistente comentó que, al momento de la llamada telefónica, él estaba fuera de su oficina.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, deslindó cualquier responsabilidad.
“Ni ha venido ni tenemos información al respecto, ahora quienes tienen información son los encargados al respecto, son el Ministerio de Hacienda y Crédito y Público y la Contraloría General de la República. Nosotros solamente recibiríamos información en su momento, recuerde que la liquidación presupuestaria de 2010 viene hasta en marzo de 2011, allí es donde podríamos tener información”, dijo.
Por su parte, González instó a Porras a que ofrezca su versión sobre todas las denuncias en su contra y a que exista una participación estrecha entre trabajadores públicos y funcionarios, para sacar adelante al país.
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