Por Anne Pérez Rivera y Elizabeth Romero
Por recibir coimas, realizar cobros ilegales e inventar multas en contra de lo expresado en la Ley de transporte terrestre fue denunciada la Junta directiva del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma), que es presidida por la Alcaldesa designada en la capital, Daysi Torres.
La denuncia, que fue interpuesta por el edil liberal y vocero del Partido Liberal Constitucionalista, Leonel Teller, será investigada por la Unidad especial de crimen organizado del Ministerio Público y estará a cargo del fiscal Javier Morazán, según confirmaron fuentes extraoficiales de esa entidad estatal.
Según indica el documento de la denuncia ampliada, los miembros de la junta directiva y del comité técnico del Irtramma han incurrido en delitos de cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público, requerimiento o aceptación de ventajas indebidas por un acto cumplido u omitido y exacciones en perjuicio de la administración pública, conforme con lo que establecen distintos artículos del Código Procesal Penal de Nicaragua.
“En estas denuncias, que están documentadas con amplias pruebas y miles de testigos, tendrán que responder la Alcaldesa putativa, Daysi Torres, el Secretario del Consejo Municipal (el sandinista), Enrique Armas, al igual que los dos concejales sandinistas que fueron electos por el Frente Sandinista para que formaran parte de la Junta directiva del Irtramma”, aseguró el concejal liberal.
La denuncia también está en contra del director del Irtramma (Francisco Alvarado) y los otros miembros del comité técnico del Irtramma, indicó Teller.
TAXISTAS ATESTIGUARÁN ABUSOS
El edil también adelantó que durante el proceso de investigación miles de taxistas serán testigos y mostrarán los recibos en los que se les ha cobrado multas inventadas y montos no estipulados en la Ley 524 de transporte terrestre.
Los mismos líderes del gremio también mostrarán los recibos de supuestas coimas de hasta mil 100 dólares recibidos por miembros del consejo técnico del Irtramma, a cambio de entregar de manera ilegal placas de taxis y hasta aportarán pruebas porque la entidad municipal no les entrega las escrituras de concesiones que son válidas por 20 años, de acuerdo con la Ley de Transporte.
Actualmente, la Contraloría General de la República está realizando una auditoría administrativa en el Irtramma.
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