En materia de libertad de prensa las dictaduras militares, vistas hoy en perspectiva, eran mucho más toscas. Eran groseras y ordinarias. Nada de sutilezas. Cada acto era un atentado. Se denunciaban a sí mismas. Cerraban diarios, radios, revistas y lo que sea. Los expropiaban, se los quitaban a sus legítimos dueños. Emitían decretos en los que expresamente se prohibía informar; censura previa, anunciada y hasta explícita. En muchos países, eran tan brutos, hasta permitían a los medios de prensa dejar vacíos —en blanco— los espacios correspondientes a los artículos censurados. Dejaban rastros a diestras y siniestra; algunos muy dolorosos: medios cerrados, dueños de medios, directores y periodistas en el exilio, presos, torturados, desaparecidos y asesinados. Pero nadie se podía confundir por mucho tiempo. La opinión pública, la gente común era consciente que había censura, que no sabía muchísimas cosas que pasaban. Esa información básica la tenía, de eso no estaba desinformada. Y eso era básico. El enemigo no podía contar con disimulados testaferros y amanuenses a sueldo para disfrazar la tarea, borrar rastros y confundir a la opinión pública.
Los años han pasado y la situación, en lo que hace a la libertad de prensa y derecho a la información, no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el método.
No es que hayan desaparecido las formas violentas, ahora ejercidas por las bandas armadas del narcotráfico, aliadas en casos con la guerrilla o con sectores corruptos del Gobierno. Pero como ayer, aunque siempre persisten algunas confusiones, nadie puede equivocarse sobre quién es el enemigo, salvo que se esté en algún otro juego.
Pero en el presente desde los gobiernos han aparecido mecanismos de censura más sutiles y muchos más eficientes que consiguen que medios de prensa cierren o cambien de propietarios y pasen a manos de “amigos”, o que los dueños, los directores o los periodistas que no se someten y transan también terminen en el exilio, presos, o desocupados. Son métodos que se valen de inspectores fiscales que “encuentran” fraudes y evasiones de impuestos en donde sea necesario y en donde el “mandamás” de turno lo indique (incluso por televisión, ver Chávez). Se logra a través de Leyes y Consejos hechos e ideados por expertos y representantes de no se sabe quién, que velan por la “democratización” de los medios y que cuidan de los derechos del público de los cuales se han autoerigido en custodios y delegados. Lo consiguen mediante el manejo ilegítimo y turbio de la publicidad oficial, pagando cifras millonarios a dueños y periodistas de medios amigos y complacientes, que se ocupan de confundir y desinformar.
No cierran y clausuran medios, simplemente que a los que no se someten a las directivas y los antojos del gobiernos no les dan publicidad les dificultan todo tipo de operaciones comerciales y persiguen fiscalmente si son medios de prensa escrita y a los electrónicos además les quitan o complican las concesiones. Así es como sucede. Los ejemplos sobran en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua.
Y todos los días surgen nuevas formas de ataque. Hace unos días en Buenos Aires, un grupo de menos de cien personas impidió por seis horas la distribución de los dos mayores diarios argentinos —Clarín y La Nación—, bloqueando la salida de los camiones de reparto. Es la tercera vez que ocurre en 30 días. La policía que depende del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no actuó ni hizo nada. Hay una orden judicial para que la autoridad actúe e impida que ocurran ese tipo de atropellos. ¿Es que no se respeta la separación de poderes? ¿Y la libertad de prensa, tampoco?
El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
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