Treinta manzanas de tierra, en la zona costera de Amarillo, en Tola, una de las más atractivas en el país, son reclamadas ahora por un grupo de campesinos que aseguran que el mandatario Daniel Ortega se las prometió hace diez años, cuando andaba en campaña.
Miembros de la junta directiva del movimiento de campesinos y pescadores artesanales acusan al Procurador General de la República, Hernán Estrada, y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, de bloquear la entrega de los documentos.
Según expertos de la oficina de Catastro en Rivas, la manzana en ese sitio del país, donde hay múltiples inversiones de proyectos turísticos, “puede oscilar entre 100 mil y 200 mil dólares, dependiendo de la ubicación y el acceso a la playa”.
Los campesinos calificaron a Estrada de “intermediario y comisionista”, porque según ellos el Estado está vendiendo la propiedad en vez de cumplir la promesa de Ortega.
PGR ANUNCIA ENTREGA
La Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, anunció que en los próximos días los títulos de propiedad serán entregados, intentando de ese modo despejar las dudas y rumores que desde un inicio se manejan en la zona de Amarillo.
El comentario que suelen hacer los campesinos es que el comprador entre las sombras es Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Albanisa es la firma petrolera, constituida por Venezuela y Nicaragua, a través de la cual fluye la millonaria cooperación desde Caracas y que es controlada por la familia presidencial.
La directiva de campesinos recordó que Ortega les recomendó que se sumaran a un título agrario del ex militar César Trinidad Ibarra.
El ex militar se quedó con 41 manzanas, mientras las restantes 30 les correspondieron en esa repartición a ellos, añadieron.
Todas estas tierras formaron parte inicialmente de una propiedad de más de mil manzanas de la familia Argüello de Granada.
Los campesinos señalaron al actual presidente del Movimiento de Amarillo, Álvaro Ramírez, de ser cómplice de Estrada en la aparente venta, pero este último no quiso referirse al señalamiento.
Joaquín Céspedes, ex presidente del movimiento, dijo que la magistrada Alba Luz Ramos, quien atendía a los jueces de Rivas, “ordenó a una de sus judiciales que me enviaran a la cárcel, donde estuve 14 meses preso”.
ORTEGA ORIENTÓ ARRENDAR TIERRAS
Ramos aseguró que no conoce a Céspedes. “Desde hace cuatro años (…) yo expliqué que en una ocasión el comandante Daniel Ortega lo que me orientó es que hablara con la alcaldesa de allí, que entonces era Loyda García, para que les ofreciera arriendo sobre la tierra”, explicó Ramos.
Según ella, los reclamantes son dos o tres grupos que tienen conflicto entre sí.
“Hay gente, le mostré al Presidente, que tenía títulos falsos”, dijo.
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