Pese a la aprobación de la ley contra el crimen organizado aún no se organiza una unidad que controle los bienes incautados.

LA PRENSA/ARCHIVO

 

Una de las razones por las que se aprobó una ley contra el crimen organizado fue para que el Estado contara con una instancia de control de los recursos incautados al crimen organizado y el monto de esos bienes pasara a las arcas del país.

Sin embargo, luego de tres meses de haber sido publicada la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución

del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados´, Decomisados y Abandonados, en el Diario Oficial La Gaceta número 199, del 19 de octubre del 2010, aún no se ha creado la unidad que administre estos bienes, algo que le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mientras, no hay explicación del destino de más de cinco millones de dólares ocupados en tres operaciones diferentes, realizadas entre el año 2009 y el 2010, aseguró el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, diputado José Pallais.

• Bienes tirados y abandonados

  • El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais, aseguró que con la Ley 735 buscaban “ corregir todas las deficiencias” que existían.
  Mencionó por ejemplo la “cantidad de bienes que estaban en diferentes patios tirados, abandonados, fincas en manos de particulares y dinero que nunca aparecía. El parlamentario consideró este asunto como “corruptela” y “ falta de vigilancia apropiada” de los recursos.

• A discrecionalidad

  Para el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, pese a la aprobación de la Ley 735, “lo que se está haciendo (con los bienes incautados) es una distribución discrecional, igual que antes”. Según Orozco, la discreción está en los operadores de justicia y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia que tiene que dar en la sentencia definitiva la repartición de los bienes.

El parlamentario dijo que el 14 de diciembre pasado le envió una carta al ministro de Hacienda, Alberto Guevara, recordándole lo establecido en la ley, pero hasta ahora no le responde.

El parlamentario manifestó que la falta de esa unidad “incide en que recursos importantísimos continúen yéndose donde no se debe, continúen desperdiciándose, continúen cayendo en manos inapropiadas y que el Estado de Nicaragua no los utilice como los debe utilizar”.

PIDE CUENTA A MINISTRO DE HACIENDA

Y aunque mencionó Pallais que en la comunicación del 14 de diciembre le refería a Guevara “especialmente de la pérdida de 519 mil 940 dólares que habían sido incautados en el puesto de Peñas Blancas, Rivas”, él tiene información de otros casos.

En la comunicación escrita Pallais le menciona a Guevara que posee información en su poder sobre un oficio del Ministerio Público “en el que reclamaba que estos recursos no aparecían, no estaban depositados donde debían depositarse”.

“Invitaba al ministro Guevara a preocuparse por este medio millón de dólares, para que este medio millón ingrese a donde debe estar: a los fondos de la Tesorería General de la República”, agregó Pallais.

El parlamentario hace referencia a una carta firmada el 29 de noviembre de 2010 por la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, y dirigido al comisionado Oscar Alemán, jefe de Auxilio Judicial en ese departamento, a quien le orienta que conforme a la recién creada Ley 735 debe depositar ese dinero en la cuenta única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En ese caso, la Fiscalía acusó por lavado de activos a los salvadoreños Denis Antonio Salguera y Walter Edgardo Siete Villedo, a quienes en el puesto fronterizo de Peñas Blancas las autoridades descubrieron que el dinero estaba dentro de un tanque de gas.

El parlamentario aclaró que el hecho de que las sumas ocupadas al narcotráfico “quedan en otros lados, es una inobservancia de la ley, una falta de transparencia, una violación a las disposiciones de la Asamblea Nacional, de las leyes de la República y es causa de corrupción y de pérdida de estos recursos”.

Pallais sostuvo que cuenta con información de que aparentemente existe una “enorme cantidad de recursos que todavía nadie sabe dónde están” y que fue por ello que los parlamentarios en consenso aprobaron la ley, con “el interés de ordenar la casa”.

MÁS DE TRES MILLONES

El presidente de la Comisión de Justicia mencionó como ejemplo que tienen conocimiento que en noviembre del 2009 “se perdieron, (pues) nadie sabe dónde están todavía 820 mil 120 dólares (...) y que en noviembre del 2009 nadie sabe todavía dónde están (...) nadie ha respondido quién los tiene, la cantidad de tres millones 967 mil 125 dólares”. Este dinero corresponde a dos operativos por separado, efectuados en la RAAS.

Por eso, dice Pallais que son casi cinco millones de dólares cuyo destino se ignora, no se sabe en qué manos están.

Sobre esos dos últimos casos, el 27 de noviembre de 2009 el fiscal de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Gerardo Suárez, envió una carta al jefe de la delegación policial, comisionado mayor Marvin Alemán, según copias en poder de LA PRENSA.

Suárez le orienta a Alemán “poner a disposición del Consejo Nacional de Lucha contra la Droga el dinero ocupado, a fin de que éste dé cumplimiento a la repartición equitativa”.

“Y es cosa que ya debería estar el Ministerio de Hacienda buscando ¿quién los recibió (el dinero), quién lo tiene depositado y dónde está?”, señaló Pallais.Sobre los tres casos que suman los más de cinco millones de dólares, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, expresó: “Desconozco esa situación, cuando nosotros investigamos ponemos a la orden del Ministerio Público lo concerniente al proceso investigativo”.

El Fiscal General de la República, Julio Centeno, manifestó que siempre ha señalado que este dinero debe ir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Nosotros llegamos hasta donde instruimos a que se cumpla eso. ¿Qué pasa? con eso que los fiscales han seguido mis instrucciones respectivas ellos se han portado muy ajustados a las normativas y a lo que yo les he mandado. Han enviado sus respectivos oficios y bueno, habría que preguntarle al ministro de Hacienda si ha recibido esto”, afirmó Centeno Gómez.

Según Centeno, la creación de la unidad “debe ser urgente que eso se realice, para que las cosas se hagan con transparencia y con efectividad, porque si no, es un mal ejemplo, incluso, ante los criminales contra los que nosotros luchamos”.

Sin embargo, el Fiscal prefirió no referirse sobre la distribución “no tengo la menor noticia porque nosotros estamos fuera”.

EFECTO INMEDIATO: MAYOR CORRUPCIÓN EN EL ESTADO

El investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, señaló que el efecto inmediato que causa la no implementación de la ley “es mayor corrupción en el Estado”, pues señaló que “está comprobado con una serie de documentos y hechos, que mucho dinero se ha perdido en manos de funcionarios de las instituciones del Estado que tienen que ver con la custodia del dinero”.

Orozco mencionó que el IEEPP ha analizado esta situación y estima que desde que se inició la lucha contra el narcotráfico existen poco más de 22 millones de dólares, en dinero líquido, cuyo paradero se ignora.

El problema, según Orozco, radica en que no ha habido un ejercicio de sistematización de cada caso, donde se vayan sumando los montos que son ocupados.

Recordó Orozco que ha habido mucho reclamo de los procesados por el dinero incautado. Al final no se sabe si el dinero ha sido devuelto a los dueños o ha quedado en manos de terceros.

Esa situación “preocupa porque eso genera un riesgo de alta envergadura para el país, porque el narcotráfico no tolera que le roben”, manifestó Orozco.

A su juicio, la implementación de la unidad que por ley debe estar funcionando, vendría a normalizar este asunto, al tiempo que “debería terminar con el enriquecimiento ilícito de terceros a partir del dinero que se le incauta al narcotráfico” , afirmó el experto, sin embargo cree que hace falta voluntad política del Gobierno para implementar la Ley.

 El presidente de la COmisión de Justicia, José Pallais, sostiene que nadie sabe de más de cinco millones de dólares incautados al crimen organizado.

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