Mientras José Tomás Leiva continúa reclamando el pago de su liquidación por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) sigue recibiendo denuncias de nuevos casos de despidos arbitrarios.
Leiva denunció que pese al acuerdo asumido por el titular de esa institución, Walter Porras, ante la fiscal adjunta orteguista Ana Julia Guido, de pagarle el resto del dinero de la liquidación, éste no ha cumplido. Leiva reclama a Porras el pago de más de 400 mil córdobas.
En tanto, aumenta cada día la lista de los ya más de 700 despedidos en esa institución durante la gestión de Porras, según contabiliza la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público.
Hace un par de días se presentó ante la CPDH una ex empleada de la DGI, que por temor a represalias pidió omitir su nombre, pero denunció que fue despedida el pasado 21 de enero, un día después de la actividad donde Porras inauguró la campaña electoral en esa institución.
Ese día hizo una arenga en la que instó a los trabajadores a demostrar su fidelidad con el partido de gobierno.
EMPLEO POR APLAUSOS
La denunciante fue señalada con el dedo índice de Porras, cuando ésta no aplaudió como el resto de sus compañeros que cantaban en coro “el gallo ennavajado”. La afectada trabajó durante 13 años en esa institución.
La ex empleada menciona que en cada Administración de Rentas, Porras tiene a un asalariado dedicado a “fichar” y poner en lista a los empleados que no se expresan favorablemente del partido gobernante.
Ese día, junto a la denunciante fueron despedidos otros 14 empleados públicos, quienes fueron señalados por Porras para que un empleado suyo de nombre Jordan, de la Juventud Sandinista, los apuntara en la lista, indicó en su denuncia ante la CPDH.
La denunciante se refirió a los altos niveles de estrés al que están sometidos los empleados del lugar. “Casi la mayoría están en fisioterapia”, según dijo, y pese a todo consideró que el despido para ella “fue un alivio”.
TRABAJAN PARA LA DGI y EMPRESAS DE ORTEGA PERO NO LES PAGAN HORAS EXTRAS
La denunciante refirió que los empleados de la DGI no sólo están sometidos a humillaciones, sino que hay casos de auditores que están obligados a llevar la contabilidad de empresas privadas propiedad de la familia gobernante, sin que el salario extra sea reconocido.
Es más, la ex empleada mencionó que en diciembre del 2010 y enero de este año, sus salarios sufrieron una reducción debido a deducciones que van de 300 córdobas a mil córdobas, sin que alguna autoridad les explicara a dónde fue a parar su dinero.
Y aunque nadie les explicó, suponen que fue una deducción de un seguro de vida que, aparentemente, les hicieron adquirir de forma obligatoria. La explicación fue que “como partido sugieren un nuevo seguro de vida y que ese segundo seguro de vida es más válido porque es más eficaz. Más rápido en caso de cualquier necesidad”.
“BISNE” CON UN SEGURO QUE NUNCA VIERON
En la oferta le decían al empleado que sólo pagaría “una pinche cuota”, y las cuotas iban desde los ochenta córdobas mensuales hasta los 500 córdobas. Además, les decían que las deducciones serían por tres meses (octubre, noviembre y diciembre) y que ellos continuarían pagando la diferencia. “Todos suponemos que lo que querían era recoger dinero adicional (…) injustificadamente (…) y nadie miró el seguro. Ellos pasan la hoja en la que usted autoriza la deducción, pero nadie la firmó (…), como nadie la firmó, ellos lo quitaron”, dijo la denunciante.
WALTER PORRAS AUMENTA PLANILLA CON “OREJAS”
La ex trabajadora explicó que, según datos proporcionados por el mismo Porras, en la DGI laboran cerca de mil 900 trabajadores y les dijo que cuando él asumió encontró mil 200 empleados.
A partir de esos datos, y los que proporciona la Federación Democrática sobre más de 700 empleados corridos, significa que Porras ha contratado a unos mil 400 empleados, los que según la denunciante no hacen nada. Funcionan como “orejas” de Porras, cuyo trabajo es además hacer propaganda partidaria.
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