Mauricio Zúñiga.
LA PRENSA/ARCHIVO/G. FLORES

La firma de convenio de país Dinamarca-Nicaragua no se ha ratificado por falta de voluntad de la Administración Ortega, confirmó el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, uno de los organismos que serían beneficiados con la entrega de esos fondos.

Zúñiga ratificó que ese convenio contiene 18 millones de dólares destinados a diversos proyectos, de los cuales un millón sería orientado a organismos de observación electoral, siendo uno de ellos el Ipade, recursos que se mantienen “congelados” porque el Gobierno no muestra interés por ratificarlo.

“Únicamente nos han dicho que no se ha firmado, que no hay voluntad pues de firma de parte del Gobierno hasta el momento, y razones desconocemos”, precisó Zúñiga.

La semana pasada, fuentes diplomáticas informaron que el Gobierno ha mostrado una actitud ambigua en cuanto a la negociación de los fondos con Dinamarca y que una de las últimas posiciones habría sido “quédense con su dinero, no lo necesitamos”.

El trasfondo de esa respuesta estaría basada en la negativa de la Administración Ortega de que haya observación electoral nacional e internacional en Nicaragua, advierten representantes de la oposición.

Mauricio Zúñiga, representante de Ipade, no pudo precisar qué cantidad estaba destinada a ese organismo no gubernamental para observación electoral, debido a que todavía no se había negociado con los daneses el monto de los recursos, pero aceptó que la falta de los mismos afecta el proceso de capacitación para el personal que trabajaría durante el proceso de comicios nacionales.

“Obviamente es un impedimento porque falta dinero, pero de todas formas la observación se va a hacer, porque hay otros donantes con los que estamos haciendo gestiones para conseguirlos”, destacó Zúñiga.

A pesar de las gestiones, tanto en Cancillería como con la embajada de Dinamarca ninguno de los actores involucrados en la firma del convenio de país se ha pronunciado sobre la falta de ratificación que incluye el monto destinado a la observación electoral.

OTRA INICIATIVA

Por su parte, el diputado liberal Wilfredo Navarro anunció que en el transcurso de la semana podrían presentar una nueva iniciativa de Ley para la observación electoral, la que califica de “más práctica y menos engorrosa” que la presentada por otros sectores en semanas anteriores.

Navarro dijo que la iniciativa, la que es elaborada también por el diputado José Pallais, podría contener entre seis a siete artículos, ya que buscan una legislación que sea concreta en su objetivo, pero sobre todo que no riña con lo establecido en la Constitución y la Ley Electoral, que es de rango constitucional en lo relacionado a la observación.

Navarro insistió que tendrán mucho cuidado en la iniciativa, para no “dejar abiertas puertas” que impidan la aprobación de la misma en la Asamblea Nacional. Agregó que con la iniciativa que presentarán, el objetivo es establecer cómo se realizará la observación electoral.

“Establecería que en base a lo que dice la Ley Electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE) está obligado a implementar la observación internacional y establecer los requisitos”, aseveró el parlamentario liberal.

INTERESAN MÁS LOS MILLONES DE CHÁVEZ

Para Navarro, la posición de la Administración Ortega de rechazar los fondos daneses, estimados en 18 millones de dólares, es porque ese monto no es de su interés ya que él cuenta con los 500 millones de dólares que le provee el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, a través de la factura petrolera.

“Y no le está pidiendo ninguna condición de democracia, los 18 millones de dólares que venían de la cooperación eran necesariamente para garantizar la transparencia del proceso electoral, y a Daniel Ortega no le interesa la transparencia del proceso electoral y, por lo tanto, va a rechazar esos 18 millones y los que vengan”, dijo Navarro.

DIPUTADO LIBERAL TIENE ESPERANZA EN EL GÜEGÜENSE

Navarro desestimó que el Poder Electoral cambie de posición y permita la observación electoral porque recordó que el “efecto Güegüense es algo que gravita en Nicaragua” y le puede resultar todo lo contrario a las aspiraciones de Ortega.

Indicó que la ciudadanía es capaz de recibir todas aquellas regalías que ofrece el Gobierno y hacerle creer a éste que respaldará la inconstitucional candidatura de Ortega. Sin embargo, esto puede ser diferente a la hora de contar los votos.

“Entonces Ortega, ante esa experiencia está claro que no puede dejar resquicios que le permitan que la elección se le vaya; él requiere que no haya vigilancia internacional ni nacional, y además tener controlado el Consejo Supremo Electoral porque son siete votos y cuentan solo para el Frente Sandinista”, sostuvo Navarro, quien afirma que Ortega quiere tener todas las garantías para implementar un fraude durante los comicios nacionales.

NO QUIEREN TESTIGOS

Luisa Molina, de la Coordinadora Civil (CC), recordó que la negativa de la observación electoral es un punto que han dejado claro en diversas ocasiones, tanto la Administración Ortega como el Poder Electoral, por lo que no es una sorpresa que se obstaculice la aprobación de fondos destinados a esa materia.

Molina insistió que el Gobierno al no querer ratificar convenios de cooperación con países europeos, más que limitar la observación electoral también pretende ahogar a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que el contexto va más allá del tema electoral.

“Hacemos construcción de ciudadanía, entonces ellos saben que si nosotros tenemos recursos para la construcción de ciudadanía, en esa concepción que ellos tienen de que solamente las organizaciones partidarias tienen que hacer ese trabajo, con esa mentalidad afectan el trabajo a favor de la construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática”, expresó Molina.

El planteamiento del Gobierno ante los cooperantes en cuanto a la entrega de fondos para la sociedad civil, de acuerdo con Molina, es que “es una intromisión” en asuntos internos de Nicaragua.

El pasado 10 de enero, durante una comparecencia pública en las afueras de la Casa de los Pueblos, Ortega advirtió que aquellos países que quisieran acompañar el proceso electoral nacional, se enmarcaría en un acompañamiento, si querían, y que los mejores observadores eran los ciudadanos y los fiscales de las organizaciones políticas participantes en los comicios, lo que es desestimado por sectores opositores porque aducen que los fiscales tienen una observación sesgada, precisamente por cuidar el voto de un partido político determinado.

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