Alba-Caruna, una cooperativa de ahorro y crédito campesino que hace apenas cuatro años, bajo el nombre de Caruna, disponía de fondos mínimos para prestar a sus asociados, hoy es prácticamente un banco de segundo piso para las microfinancieras.
Alba-Caruna aprovecha ese mercado que se quedó sin proveedores de recursos luego que el año pasado los fondeadores extranjeros retiraron sus fondos del país debido al Movimiento No Pago, que fue apoyado al menos retóricamente por el presidente Daniel Ortega.
La cooperativa ha multiplicado su capital desde que maneja fondos del acuerdo entre el presidente Hugo Chávez y Ortega, que deja en manos del último el 25 por ciento de lo que los nicaragüenses pagan por el combustible que consumen.
Alba-Caruna ya no se limita a disponer de financiamiento productivo a particulares y programas gubernamentales, sino que también actúa como un fondeador privado que presta recursos a las microfinancieras formales.
De acuerdo con directivos de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Alba-Caruna se está perfilando como la nueva opción para fondear al sector aprovechando que los tradicionales acreedores externos mantienen bloqueados los recursos al país.
Alfredo Alaniz y Fernando Guzmán, director ejecutivo y secretario de Asomif, respectivamente, confirmaron a LA PRENSA que han sido dos las microfinancieras que han recibido capital de esta cooperativa.
- Hoy está supuesta a iniciar la nueva negociación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Nicaragua, en torno al cumplimiento del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA).
El organismo internacional ha insistido, e incluso lo ha planteado como una de las condiciones dentro del programa, que el Gobierno de Nicaragua transparente los fondos que provienen de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), controlados por el consorcio Alba de Nicaragua (Albanisa).
Nicaragua logró a finales de noviembre del año pasado que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobara la cuarta y quinta revisiones del programa macroeconómico, lo cual significó la extensión por un año más del mismo.
La aprobación de lo que se considera el examen final del FMI permite a Nicaragua recibir 36 millones de dólares pendientes. En diciembre fueron desembolsados 20 millones de dólares. De lograr pasar la sexta revisión del programa, el país recibiría un nuevo desembolso.
El Gobierno no pidió fondos adicionales de parte del Fondo Monetario como parte de la extensión del programa. Los 16 millones de dólares pendientes por recibir completarían los 108 millones de dólares del programa trianual, suscrito en 2007.
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Según Alaniz, los montos prestados andan por los 100 mil dólares a cada microfinanciera. No obstante Alba-Caruna les ha planteado la disponibilidad de fondearlas con lo que requieran.
Alaniz reconoce que esta situación responde a la necesidad de las microfinancieras de obtener nuevas fuentes de financiamiento, al no haber obtenido el retorno de unos 70 millones de dólares de los proveedores externos.
LA “SOLIDARIDAD” NO SE MEZCLA CON LOS NEGOCIOS
Lo preocupante para Asomif es que los fondos de Alba-Caruna son caros, pues tienen una tasa de interés del 16.5 por ciento, cuando las fuentes externas les prestaban a tasas entre el 12 y 12.5 por ciento.
“No nos parece que esa sería la fuente más apropiada para que el crédito le llegue más barato al productor”, afirmó Alaniz.
Este sector enfrenta una escasez de recursos disponibles, pues los acreedores internacional aún mantienen desconfianza sobre el ambiente del negocio de las microfinanzas en Nicaragua.
De acuerdo a Asomif, para este año lo que podrían conseguir de los fondeadores externos son 5 millones de dólares en capital adicional a los 175 millones de dólares de la cartera actual de todo el sector.
Alba-Caruna maneja el 25 por ciento de las ganancias generadas por la importación de petróleo a través de Petrocaribe, calculadas en 225 millones de dólares anuales. El Gobierno de Daniel Ortega maneja estos recursos de manera discrecional.
Pero con la nueva incursión en el negocio como fondeador a las microfinancieras, esta empresa, que es parte del consorcio Alba de Nicaragua (Albanisa), comienza a incidir con mayor fuerza en lo que ya ha sido evaluado como el interés de dominar el microcrédito en el país.
NUEVA LEY A LA MEDIDA
Y es que tanto Alaniz como Guzmán admitieron que les inquieta y preocupa que el Gobierno haya detenido la discusión de la Ley de Microfinanzas, y ahora propongan una nueva Ley de Fomento al Microcrédito.
Detrás del cambio por crear un nuevo marco regulatorio estaría el interés del Gobierno de impulsar precisamente la participación de Alba-Caruna en el sistema, a fin de hacer “mover” los millones de dólares provenientes de la llamada cooperación de Venezuela, que están depositados en el Sistema Financiero Nacional.
El sistema bancario del país reporta una alta liquidez en depósitos que está asociada a la colocación, en cuentas de depósito en moneda extranjera, de parte considerable del flujo de cooperación de la República de Venezuela.
El último informe sobre la Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), que corresponde al primer semestre del 2010, indica que los flujos de la cooperación venezolana sumaban 351 millones de dólares, de los cuales 333 millones fueron bajo el marco de la ayuda establecida en el acuerdo de cooperación energética Petrocaribe.
Guzmán opinó que si el propósito de colocar esos recursos en el sector es cubrir la brecha de fondos, podría tener un efecto positivo, siempre y cuando se mejoren las condiciones.
“Pero siempre y cuando se haga respetando las reglas de la competencia, y ésta no sea desleal por el hecho de ser fondos del Alba”, dijo.
Revelaron los directivos de Asomif que poco de lo que les ha sido explicado oficialmente es que con la nueva ley se pretende que no sólo rija a las financieras, sino, incluso, a los bancos en la colocación de los microcréditos.
Hace dos semanas se reunieron con el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, quien les informó que se elabora una nueva propuesta de ley, prometiendo que les será facilitada para que puedan analizarla y consensuar su alcance antes de que sea aprobada por la Asamblea Nacional.
Alaniz dijo que esperan “que esta ley no signifique una intención de quedarse con una actividad, para que posteriormente (Alba-Caruna) vaya a subir las tasas de interés y que se vuelva un negocio para un grupo exclusivo”.
LA PRENSA no logró comunicarse ayer con el presidente del BCN.
Alaniz y Guzmán expresaron tener confianza en que Rosales logre que la nueva ley sea bien elaborada.
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