Diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional manifestaron ayer que el proyecto Tumarín debe ejecutarse sin mayores problemas y que compete a la Comisión Negociadora del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín (Conephit) negociar los costos de energía a producir.
Esta comisión es conformada por representantes de varias instancias, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, entre otras.
Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Infraestructura en la Asamblea, manifestó que, pese a existir una ley especial que rige el proyecto, no será necesario reformarla para fijar precios promedios en los costos de generación.
La ley especial para el desarrollo del proyecto Tumarín (695) estableció como parámetro un costo de 117 dólares por megavatio producido.
Directivos de la empresa ejecutora del proyecto, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), solicitaron un ajuste de este precio, en vista de que se incrementaron los costos de inversión, que superan los 100 millones de dólares.
El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, confirmó que el precio fijado para su discusión en la Comisión Negociadora será de 118 dólares, con un ajuste de un poco más del dos por ciento anual, promediando un costo de 128 dólares una vez que entre a operar Tumarín.
Núñez explicó que el precio por megavatio producido que inicialmente se fijó cuando se aprobó la Ley 695 es un “precio piso” (inicial) y no un “precio tope” (final).
“El proyecto Tumarín elevó sus costos y ofrecerá más seguridad en sus sistemas de generación y represa. Además, elevará los porcentajes de producción energética hasta los 250 megavatios. Es necesario y factible impulsar el proyecto, que traerá muchos beneficios al país”, explicó.
Freddy Torres, diputado liberal miembro de la Comisión de Infraestructura, también dijo que la Conephit tendrá que considerar la nueva propuesta referida a los costos de generación con Tumarín.
Torres señaló que vale la pena impulsar este proyecto que traerá desarrollo al sector eléctrico del país.
“Hay que hacer el mejor esfuerzo para que esa inversión se concrete. Algo que sí creo que debe resolverse a lo inmediato es el pago de las indemnizaciones de las personas dueñas de propiedades que se verán afectadas con la ejecución de Tumarín”, añadió Torres.
La ley faculta para negociar de forma expedita con el ejecutor del proyecto los términos definitivos del contrato por suministro y compraventa de potencia, su energía asociada, entre otros el precio y plazos de dicho contrato, así como las debidas garantías de pago.
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