Recientemente el presidente Da- niel Ortega informó a la ciudadanía que él no se oponía al acompañamiento electoral. Considero este anuncio positivo aunque no me sorprendió. Tengo tiempo de estar señalando que esto vendría porque el costo para el gobierno al no acceder a la observación —y uso las dos palabras (acompañamiento y observación) como sinónimos— sería enorme. Al negar una observación creo que hubiera resultado en un recorte en ayuda por parte de los donantes tradicionales y resultaría en un aislamiento cada vez mayor de Nicaragua con consecuencias nefastas para el pueblo y la buenandanza de la economía.
La pregunta de fondo es ¿en qué debería de consistir esta observación o acompañamiento para generar un mínimo de confianza en un proceso que ya va con los “pies hinchados” porque un candidato (Daniel Ortega) es inconstitucional y porque el período de todos los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE) ya se venció? Abajo enumero algunos elementos cruciales.
Primero, el acompañamiento tiene que estar abierto no sólo a observadores internacionales sino que a acompañantes nacionales (Ética y Transparencia e Ipade). Este año el número de juntas receptores de votos (JRV) andará por los 12,000 y no hay manera que los observadores externos puedan cubrir a semejante universo. Ellos sólo podrán complementar el esfuerzo de los observadores nacionales.
Segundo, el Estado de Nicaragua debe de invitar a los observadores lo antes posible y en todo caso no más tarde que mayo, cuando se inscribirán los candidatos para diputados. La observación tiene que ser oportuna para que puedan acompañar al CSE en las primeras etapas del proceso electoral como la reglamentación del proceso de los comicios y en actividades como la cedulación apolítica de ciudadanos y la verificación. Un acompañamiento por parte de observadores que llegasen unas semanas o días antes del “día D” o el día de votación sería igual a un turismo electoral y no tendría valor alguno.
Tercero, además de permitir que Ética y Transparencia e Ipade participen en el proceso, el CSE debería de invitar a observadores internacionales de reconocida capacidad y objetividad como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. Todos estos observaron los comicios desde 1990 hasta, e incluyendo, las elecciones de 2006.
Cuarto, los acompañantes —tanto nacionales como internacionales— deberán de estar acreditados para presenciar la votación y el conteo de los votos en las JRV y de observar el proceso a nivel de los consejos electorales municipales, departamentales, regionales y nacionales. Esto no es nada nuevo. Tuvieron esta misma facultad entre 1990 y 2006.
Y, quinto, aquellos observadores con la capacidad y la inclinación de realizar conteos rápidos deberían de estar facultados para hacerlo, sujeto a las normas que se han establecido en el pasado. Esto es crucial para que estos acompañantes tengan la oportunidad de garantizar la transparencia de la elección al comparar sus hallazgos científicos con los resultados anunciados por el CSE.
Una observación/acompañamiento con los elementos señalados arriba no es injerencismo ni lesionaría la soberanía nacional. Países como México, Venezuela y los Estados Unidos lo aceptan. Es más, el Gobierno del propio presidente Ortega la aceptó en 1990. Y con estas mismas reglas de juego ganó Daniel en 2006 y así aseguró la legitimidad de su elección.
El autor es diputado del PLC en la Asamblea Nacional.
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