La Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua (Acmnic) advirtió que las multas no justificadas que está imponiendo la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) a los importadores y agencias aduaneras, terminarán transfiriéndose a los precios de las mercancías que se venden a la población.
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Jorge Luis González, presidente de Acmnic, considera importante que mediante la nueva Ley General de Aduanas, que ya está en la Asamblea Nacional para su discusión, se elimine la discrecionalidad de los funcionarios de Aduana en los trámites de despacho de la importación y exportación de las mercancías, así como en la aplicación de las multas.
La única manera de conseguirlo, afirma González, es que en la ley se establezca con claridad las funciones del personal de Aduana y se fijen los casos en que amerita o no aplicarse las multas, ya que de continuar con el sistema actual el comercio sufrirá “un serio daño”.
“Todos los cobros que le impone (la DGA) a las agencias aduaneras, así como los retrasos en lograr el desanuanaje de la mercadería, nos afecta directa e indirectamente al comerciante porque debemos asumir parte de esos costos”, aseguró.
La propuesta de la nueva Ley de Aduanas presentada por el Gobierno establece más de 100 tipos de multas de entre los 50 y 5,000 dólares.
La principal inconformidad de los empresarios actualmente es que la sanción económica se aplica en casos de errores en el documento de declaración de la mercancía o del transporte, previo a la nacionalización. Estos errores pueden ser subsanados, pero la DGA no lo permite y aplica multas.
Para Jesse Buitrago, presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes de Carga (ANAC), “en lugar de ser un Estado facilitador del comercio, se está convirtiendo únicamente un recaudador de impuestos”.
La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto inició las consultas sobre la nueva ley.
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