Abandonada por el partido de Gobierno está la familia de Mario Cortez, el contador B de la Alcaldía de Managua sentenciado a nueve años de cárcel junto a Germán Palacios, administrador de fondos de la cooperación externa de la comuna capitalina, por el robo de 3.5 millones de córdobas desviados hacia los “rezadores” de las rotondas. Los parientes de Cortez indicaron que, luego de haber sido implicados en el delito de peculado y falsificación de materiales (por sus superiores), ahora no tienen dinero para enfrentar los gastos legales.
Ángela Rosa Martínez Manzanares, abuela de Arlen Picado, esposa de Cortez, consideró que su pariente político “fue manipulado” por sus jefes. Ahora nadie se les ha presentado, “los dejaron allí, que sus esposas miren por ellos”, dijo Martínez.
“No está bien eso, nosotros tenemos un abogado, que es Nuestro Señor Jesucristo; yo ya ni tengo fe en esos abogados, porque son mentirosos, pero sí hay un Dios que lo va a sacar libre, y que todas las cargas que tiren, que se las eche a aquellos, porque esos son los que andan gozando, bailando, bebiendo licor, porque ellos son los que andan la buena plata”, afirmó Martínez, sin mencionar a quiénes se refería.
Repitió lo que según ella Cortez alegó como los motivos por los que se implicó en el caso: “Por no perder el trabajo, porque dice que le decían si vos no hacés lo que yo te ordeno, te vas, perdés tu trabajo”.
Los 3.5 millones de córdobas fueron sacados a través de 31 cheques emitidos a nombre de una misma persona: Enrique Cortez Castillo, padre de Mario Cortez. Familiares de este último dijeron desconocer los motivos por los que le extendieron los cheques a su nombre, aunque reconocen que hace varios años este también trabajó en la comuna.
SANDINISTAS AHORA NO LO CONOCEN
Otra de las parientes de Mario Cortez aseguró que, aunque este apoyó al Frente Sandinista en La Paz Centro, su localidad de origen, ahora nadie del partido de Gobierno quiere saber de él y su familia. “Él toda la vida ha sido sandinista, en las campañas electorales ha prestado su vehículo, y ahora nadie se aparece por aquí”, comentó una de las parientes de Cortez, que habló bajo el anonimato.
Según la pariente de Mario, extrañamente en la primera investigación que hizo el Distrito Tres de la Policía a este “no se le comprobó nada, lo sacaron”. Y un año después lo volvieron a detener y remitieron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
“La orden que llegó a la juez es de que querían la condena de ellos (los dos detenidos)”, dijo la pariente de Cortez, quien aseguró que el alegato es evitar las publicaciones en los medios de comunicación por estar en período de campaña electoral.
Martínez, por su parte, dijo que su pariente político no tenía necesidad de robar, pues además trabajaba con financieras con quienes contrajo deudas. Pero a raíz de la detención de Cortez su nieta enfrenta problemas por el retraso en las cuotas de pago, lo que les hace temer represalias posteriores por parte de esas instituciones financieras. “Lo que pasa es que aquellos se echaron todo y estos son los pobrecitos, ahora están mal comidos, enfermos, sufriendo fríos”, indicó Martínez.
A criterio de Martínez, “las autoridades deberían ponerse la mano en el pecho y decir: hombre, si estos pobres no tienen culpa, pero es como decimos, ahí está la política”.
“Entonces están machucando a este pobrecito que está injustamente, porque hay que ser realista, está injustamente (…) fueron manipulados por los capachones”, agregó Martínez.
El miércoles pasado el concejal liberal Leonel Teller introdujo ante la Fiscalía una denuncia en contra de cinco funcionarios de la comuna capitalina, por supuestos delitos de peculado y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración de la Alcaldía de Managua. Los mencionados son el secretario general de la Alcaldía, Fidel Moreno; la alcaldesa designada Daysi Torres; la ahora directora del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Loyda García; el administrador Rolando Reyes y el asesor de Moreno, Jairo Palacios.
CONFIRMA VERSIÓN SOBRE “REZADORES”
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, refirió que esto confirma la denuncia que a inicios del 2009 hicieron ante ese organismo 33 “rezadores” de las rotondas, que aseguraron en ese momento que el gobierno del presidente Daniel Ortega les facilitaba la alimentación. “Aquí ha quedado evidenciada la confusión que hay entre Estado y partido. Aquí no nos cabe la menor duda de que esos 3.5 millones de córdobas tenían que salir de cualquier institución, en este caso tocó asumir ese gasto la Alcaldía de Managua”, expresó Carmona.
Recordó Carmona que, mientras el grupo de “exrezadores” mantuvo sus reclamos de pago, aseguró que el Frente Sandinista o el Gobierno les estaba dando el apoyo para que rezaran en las rotondas.
“Eso pasa con las viviendas que les construyeron, habría que ver de dónde salieron esos fondos de las construcciones, si realmente fue aporte del partido Frente Sandinista o a qué institución sacrificaron con sus fondos”, indicó Carmona.
El representante de la CPDH recordó que los “exrezadores” de las rotondas reclamaban al Gobierno de Ortega el pago de 200 córdobas por día “rezado” que les habían ofrecido, compromiso que nunca fue honrado por parte del partido de Gobierno. Esto, pese a que los reclamantes que pertenecían al grupo llamado de los Nemagón, por reclamar también por las afectaciones de ese pesticida, durante varios meses mantuvieron sus reclamos y hasta llegaron a permanecer por varios días en huelga de hambre en los alrededores del parque El Carmen, cerca de la residencia de Ortega.
Para Carmona, debido a la denuncia pública de posible implicación de otros funcionarios de la Alcaldía de Managua y al monto de lo robado, la Contraloría General de la República (CGR) debería investigar a fondo lo denunciado tras el juicio enfrentado por Cortez y Palacios.
“Habría que escudriñar más si solo eso se destinó (3.5 millones de córdobas). Acordémonos que pasaron nueves meses esas personas en las rotondas, yo estoy seguro de que a lo mejor esa es la punta del iceberg de los tantos actos de corrupción, porque, es decir, 3.5 millones (de córdobas) no va a costar la alimentación de más de 200 personas diarias y los tres tiempos, habría que investigar si ese es el gasto real (…) y habría que ver qué institución del Estado asumió la diferencia o es que los disfrazaron de otra manera en la Alcaldía”, afirmó Carmona.
“Estos actos de corrupción afectan y atentan contra los derechos humanos”, apuntó el defensor de derechos humanos.
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