“A ustedes no les contesto”. Esa fue la respuesta del fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, cuando se le llamó telefónicamente para consultar si finalmente el Ministerio Público procedería a investigar la conformación ilegal de Empresa de Construcción (Empreconsa), una empresa de maletín a la que el gerente del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Orlando Castillo, adjudicó un contrato por casi un millón de dólares.
Luego de su respuesta, el fiscal cortó la llamada de LA PRENSA. Se intentó seguir conversando con él, pero solo respondió el buzón de voz de su teléfono. Se le dejó un mensaje preguntándole si lo que nos había dicho era la posición oficial del Ministerio Público sobre el caso.
Pero el fiscal Centeno Gómez no devolvió la llamada.
La actitud del fiscal anula, hasta el momento, las posibilidades de que cualquier autoridad competente inicie un proceso de investigación, ante las evidentes ilegalidades e irregularidades ocurridas detrás de la conformación de Empreconsa, descubiertas por una investigación periodística de LA PRENSA a lo largo de tres semanas.
Ninguna de las instituciones competentes se mostró interesada en ahondar en las denuncias y evidencias presentadas por LA PRENSA.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que vela por el buen actuar de los abogados y notarios públicos, enterraron el caso.
La magistrada del orteguismo, Yadira Centeno, reconoció las ilegalidades evidenciadas por este diario en la conformación de Empreconsa, pero dijo que la única forma de interesarse en este caso era que los afectados presentaran una denuncia en la inspectoría del máximo organismo judicial.
Por su parte, cuando se le abordó sobre el mismo tema al también magistrado del régimen orteguista Francisco Rosales, este estaba más preocupado por defender la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega a un nuevo período de gobierno que en pronunciarse sobre Empreconsa.
Luego, a regañadientes, dijo que si tanto era nuestro interés, que “abanderáramos” la causa de los afectados directos por el caso Empreconsa.
Estos son Héctor Guadalupe Adams Gonzáles, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, personas sencillas que viven en Jinotega y Bluefields, a las cuales se les usurpó sus nombres y sus cédulas de identidad para hacerlas aparecer falsamente como socios de Empreconsa.
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El abogado que constituyó Empreconsa fue Francisco Apolonio Palacios, un raro personaje que evadió completamente hablar sobre la usurpación de las identidades de estos ciudadanos.
Palacios lo único que hizo fue dejar disponible en el bufete Talavera y Asociados, en donde labora, su protocolo de constituciones para que pudiéramos observar que la constitución de Empreconsa fue supuestamente legítima.
En dicho bufete no se permitió tomar fotografías de las páginas del protocolo referidas a Empreconsa, aduciendo que esto era prohibido legalmente.
En este protocolo estaban impresas las supuestas firmas de Héctor Guadalupe Adams Gonzáles, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, y fotocopias de sus cédulas de identidad.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) alega que no puede intervenir en lo referido a la constitución irregular de Empreconsa y el hecho de que es una empresa de maletín, porque esto está fuera del ámbito de esta instancia fiscalizadora de los recursos públicos.
“Si la empresa fue constituida usurpando las identidades de unos ciudadanos o si es una empresa de maletín, eso ya sale del ámbito de la Contraloría, porque nosotros nos limitamos solo a la revisión del cumplimiento del contrato”, declaró el miércoles pasado el presidente de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.
El contralor Argüello explicó que desde su perspectiva la única instancia que puede intervenir en este caso es la Fiscalía, previa denuncia de cualquiera de los afectados.
Por su parte, la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EEAI) aplicó al pie de la letra la política de restricción informativa que caracteriza al Gobierno del presidente Ortega.
La vocera de esta cartera del Estado, Consuelo Sandoval, no respondió uno solo de los correos de solicitud de información sobre la contratación de Empreconsa enviados por este diario.
Quien sí dio una breve entrevista al inicio de la investigación fue el gerente de la EAAI, Orlando Castillo (hijo).
ADELANTO A EMPRECONSA
En esa ocasión el funcionario se contradijo con lo establecido en el contrato firmado con Empreconsa, que le facilitaba a esta empresa de maletín un adelanto del 50 por ciento del monto de la compra, aduciendo que esto no era cierto porque no lo establecían los procedimientos.
Sin embargo, el contrato, en poder de este diario, es claro en establecer este adelanto, e incluso que podría ser usado para respaldar la garantía de anticipo que por ley Empreconsa tenía que presentar para firmar el contrato.
Castillo evadió los cuestionamientos acerca de Empreconsa, aduciendo que estos surgían por las supuestas actitudes “oligárquicas” de LA PRENSA.
“Solo porque no es Chamorro, o no es Rappaccioli o no es De la Jara no podés decir que no tiene derecho a participar en una licitación. Este gobierno revolucionario les ha dado oportunidad a los pobres, que hacen sus empresas, a participar”, afirmó Castillo en esa entrevista, concedida el 11 de marzo pasado.
Fue la última vez que este funcionario público habló sobre el asunto.
LA CONEXIÓN MOJICA
Finalmente el rastro de los verdaderos socios de Empreconsa se termina perdiendo en medio de una red de abogados y sociedades vinculadas con José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente y candidato inconstitucional a nuevo período de gobierno, Daniel Ortega Saavedra.
Información recopilada de los despachos judiciales en Managua reveló que Miguel Talavera García fue abogado y representante legal de Mojica Mejía en algunos procesos en los juzgados capitalinos.
Talavera García es el jefe del bufete de abogados Talavera y Asociados, en donde labora el abogado y notario público Francisco Apolonio Palacios.
Miguel Talavera García aceptó en una entrevista con LA PRENSA que fue representante legal de Mojica Mejía, pero aseguró que hace muchos años dejó de serlo.
Sin embargo, documentación en poder de LA PRENSA demuestra que el año pasado Talavera representó a Mojica Mejía en un proceso en los juzgados capitalinos.
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