Por José Pallais Arana
En Nicaragua, desde la Independencia hasta 1853, tuvimos varias constituciones políticas con serios defectos e imprecisiones con respecto a las atribuciones de los Poderes de Estado, de manera que el Poder Ejecutivo era representado por un “director”, quien tenía muy pocas atribuciones de gobierno, pues el verdadero poder político descansaba en el Poder Legislativo, de quien también dependía el Poder Judicial. Ese modelo de gobierno no funcionó, produciendo gran turbulencia política que desembocó en guerras y golpes de Estado.
Desde 1854 hasta la fecha han transcurrido 157 años que en nuestro país tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Sin embargo, en todo este tiempo la historia nos muestra que la mayoría de los gobernantes han actuado a su antojo y capricho, cambiado recurrentemente la Carta Magna, no con el propósito de fortalecer el modelo, sino por el contrario, para perpetuarse y mantenerse indefinidamente en el mismo. Imponiendo nuevas constituciones o reformándolas en 11 ocasiones.
Estos cambios trajeron consecuencias catastróficas al país, Nicaragua se vio nuevamente sometida a conflictos, insurrecciones, guerras, golpes de Estado, dictaduras, revoluciones, inestabilidad política, atraso social y económico. La mayoría de los presidentes han pretendido reelegirse, desde la independencia en 1821 han regresado en 16 ocasiones al cargo de presidente de la República. Los artificios y modalidades para volver son variados y hasta muy originales, pero el patrón común a todos ellos es la adaptación de leyes, y voluntades a sus necesidades de continuismo. Hace más de 20 siglos, los antiguos griegos comprendieron el alcance de la no-reelección como control fundamental de la corrupción y el absolutismo, introduciéndola como un valor esencial de la democracia. Por otro lado, las naciones que hoy dan a la humanidad sus mejores triunfos, son aquellas que desde hace más de 300 años han venido restringiendo en sus constituciones la reelección y han ido colocando a la ley y a las instituciones como condición indispensable para el desarrollo, materializando la libertad y los derechos. En los países donde la reelección persiste, su peligro y sus desmanes han sido neutralizados por un poderoso engranaje institucional. Maquinaria que por supuesto aquí no se vislumbra.
El 19 de octubre del año 2009, la ilegalmente constituida Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada de forma irregular y anómala por seis magistrados de evidente y pública filiación sandinista coludidos con el gobernante emitieron una ilegal, nula e inexistente pseudosentencia No. 504, en la que de forma completamente aberrante y violentando los más elementales conceptos, criterios, disposiciones y pilares de nuestra Carta Magna fundamental; atropellaron la institucionalidad y el Estado de Derecho. Al respecto de esta atrocidad jurídica, destacados especialistas han opinado alrededor de la absoluta ilegalidad mediante la cual se ha pretendido violentar nuestra Constitución. Nunca en la historia constitucional de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia ha tenido la osadía, para que mediante una simple sentencia judicial se reforme un artículo, un precepto, un principio de la Constitución Política. Lo que la jurisprudencia nacional, la doctrina y el derecho comparado, reconocen invariablemente que la única manera para derogar un artículo constitucional es con la aprobación del 60 por ciento de los votos de los diputados de la Asamblea Nacional. No siendo factible disfrazar la derogación con el eufemismo de “declarar inaplicable parte de la misma Constitución”.
Constituye un adefesio jurídico que la Corte Suprema de Justicia se arrogue una facultad constitucional que no tiene. En materia de derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen. En otras palabras, si los diputados de la Asamblea Nacional (incluyendo al entonces diputado Daniel Ortega Saavedra e ilegal recurrente contra la Constitución), fueron los que reformaron el ordinal 4, inciso a) del arto. 147, de la Constitución en 1995, solo ellos podían deshacer los candados aprobados,
El 18 de marzo el partido de gobierno inscribió al presidente Ortega como su candidato; si el Consejo Supremo Electoral ratifica dicha candidatura, estará sumando un nuevo eslabón roto a la frágil cadena de ilegitimidad e ilegalidad que lo sostiene, violación que inevitablemente habrá de traer consigo inestabilidad social y represión, ya que jamás aceptaremos semejante aberración como válida.
La legalidad es el alma y la estructura que soporta las naciones, si se rompe el estado de derecho se imposibilita la convivencia social y se alienta la confrontación, permitiendo la repetición de los trágicos ciclos de nuestra historia.
Monseñor Silvio Fonseca, refiriéndose a las ilegalidades y manejos sucios organizados para intentar sostener la reelección de Ortega, recientemente expresaba: “Esta situación es una bomba de tiempo, si no se oye al pueblo y se respeta la ley, tarde o temprano una nación reaccionará tal como está sucediendo en otras partes del mundo, y eso es muy peligroso para un país”.
El autor es diputado y presidente de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
