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Aunque todo indica que el gobierno de Daniel Ortega y el Consejo Supremo Electoral (CSE) bloquearán a los observadores electorales, nacionales y extranjeros, el 95.1 por ciento de los ciudadanos opina que es necesario que las elecciones del próximo seis de noviembre sean bien observadas, para garantizar comicios limpios y transparentes.

La última encuesta de la firma M&R muestra que los ciudadanos que se identifican como independientes, opositores y sandinistas (FSLN), coinciden en la necesidad de que se permita la acreditación de organismos de observación, nacionales e internacionales, para el proceso electoral de este año.

La importancia de la observación electoral es señalada por el 96.6 por ciento de los independientes, el 98.4 por ciento de los opositores y el 92.4 de los sandinistas. Solo el 3.9 por ciento no cree que la observación sea indispensable para la transparencia del proceso electoral.

OBSERVAR CEDULACIÓN

La encuesta, realizada entre 1,600 ciudadanos de más de 50 municipios, refleja también que el 92.1 por ciento está de acuerdo con que se convoque a los organismos de observación nacionales para que de inmediato procedan a verificar la legalidad y transparencia del proceso de cedulación, el que ha sido cuestionado por la politización que favorece a los seguidores del partido gobernante, el Frente Sandinista (FSLN).

El Poder Electoral estableció que el reglamento que regirá para el “acompañamiento electoral”, que no es observación electoral como contempla la legislación de la materia, será dado a conocer hasta el 16 de agosto porque a juicio del presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, a partir de entonces le quedará a los “acompañantes” tiempo suficiente para realizar su labor, en caso de ser acreditados.

La acreditación inmediata de los observadores nacionales sólo es rechazada por el 5.8 por ciento de los encuestados y apenas el 2.1 por ciento optó por no responder o dijo no saber.

El rango entre los tres segmentos de ciudadanos consultados varía muy poco. Entre los que se proclaman independientes, el 93.8 por ciento se inclina por la pronta acreditación de observadores, igual que el 95.7 por ciento de los opositores y el 89.1 por ciento de los simpatizantes del FSLN.

SIN RESTRICCIONES

Otro aspecto en que coinciden los encuestados, en un 87.9 por ciento, es que el gobierno debe invitar a organismos internacionales de observación para verificar el proceso electoral, para que no haya cuestionamientos sobre la veracidad de los resultados.

Esta afirmación es respaldada por el 93 por ciento de los independientes, el 95.1 por ciento de opositores y el 80 por ciento de los sandinistas orteguistas.

El gobierno de Ortega ha sido presionado por la Unión Europea (UE) para que garantice la observación electoral de los comicios de noviembre, en que los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente de la República y diputados.

No obstante, hasta el momento las autoridades electorales han puesto trabas a la observación nacional e internacional.

El presidente Ortega ha dicho que solo permitiría observadores “respetuosos”, porque no quiere “injerencistas”, como ha calificado a los gobiernos que han pedido gobernabilidad y transparencia en las elecciones de Nicaragua.

Algunos analistas consideran que el cambio del término observación por acompañamiento, hecho por el CSE, es para restringir el ámbito de acción de los observadores.

Sin embargo, ese bloqueo del CSE es rechazado por un alto porcentaje de ciudadanos, según la encuesta de M&R, ya que para el 84.1 por ciento los observadores deben de tener la libertad de emitir públicamente opiniones y críticas acerca del trabajo que se esté efectuando en las diferentes etapas del proceso electoral.

El presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, ha dicho que cualquier observador podría ser expulsado del país si se atreve a criticar el proceso electoral.

Pero, el 71.9 por ciento de los ciudadanos se opone a que los observadores electorales internacionales sean sancionados o expulsados por emitir opiniones y críticas al proceso.

Los que más se oponen a esas sanciones son los que se identifican como opositores, con el 84.3 por ciento; seguidos por los independientes con el 79.2 por ciento y los orteguistas con el 59.8 por ciento.

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