Aunque la Policía Nacional (PN) negó que hubiera investigaciones en contra de Walter Porras, extitular de la Dirección General de Ingresos, DGI, un recurso que él mismo introdujo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua demuestra que sí estuvo bajo la lupa policial.
En especial dijeron las fuentes, una gran cantidad de empleados originarios de Carazo contratados por Porras y que eran los que tenían mejores beneficios. A estos ya les suspendieron el servicio de transporte que Porras les había contratado.
Antonio Jarquín, dirigente de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma), aseguró que durante la administración de Porras las cotizaciones sindicales para el sindicato adscrito a esa central nunca les fueron entregadas.
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En el recurso que Porras introdujo ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y que ayer conoció LA PRENSA confirma la investigación por parte de la PN.
Sin embargo, Porras no recurrió contra la Policía, sino que lo hizo en contra del Ministerio Público. En el escrito presentado por el exdirector de la DGI ante el TAM, explica que “han estado llegando” a su casa oficiales de la Policía, quienes realizaron allanamientos y también interrogatorios.
También señala que cuando preguntó los motivos de esa situación, le aseguraron que la investigación era ordenada por el Ministerio Público. “Personas vestidas con chaquetas de la Policía Nacional han estado rondando mi casa de habitación”, dice Porras en el escrito.
Consultado el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, sobre los señalamientos efectuados por Porras, este confirmó que ayer recibieron una cédula judicial con fecha del 20 de abril, a través de la cual se le solicita informe en 24 horas a esa Sala sobre los motivos de la amenaza de detención existente contra Porras.
Centeno dijo que de ser cierta esta aseveración que hace Porras en su escrito “o se trata de una desinformación o es una falsedad”, puesto que esa institución no cuenta con ninguna información de que exista denuncia en contra del exfuncionario, como tampoco la Policía les ha participado sobre alguna investigación.
Además el fiscal Centeno aclaró: “No tenemos competencia para detener a nadie, mucho menos para andar amenazando ciudadanos”.
“No solo es absurdo. Hemos revisado los libros de entrada del Ministerio Público y no ha habido participación de ninguna autoridad en el caso… me extraña que estén involucrando al Ministerio Público en un caso que no tiene ninguna participación”, dijo Centeno Gómez, quien responderá hoy al TAM.
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