Un documento Filtrado a LA PRENSA demuestra las diferencias con que son valorados los productos en la DGA. Ver imagen ampliada
En unos cuantos años Roberto Rivas Méndez, propietario de la importadora Roambeth S.A., pasó de habitar una casa “minifalda”, en una calle cercana a un cauce en el anexo del barrio Camilo Chamorro, a la zona residencial Bosques de Santo Domingo, lo que no deja de causar extrañeza a sus exvecinos.
“Ahora es millonario”, señaló uno de ellos de forma extraoficial, quien expresó: “Llevo 20 años vendiendo lubricantes y sigo en este barrio”.
La empresa Roambeth S.A., propiedad de Rivas Méndez, es una de las empresas mencionadas en el informe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, conocido de forma extraoficial, como una de las beneficiadas con las devoluciones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En los últimos días también es mencionada de estar entre los importadores con algún tipo de privilegios en la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que hacen competencia desleal a otros del mismo gremio, los cuales han llegado por esto al cierre.
Comerciantes que hablaron bajo el anonimato por temor a represalias califican la política de la DGA como “terrorismo aduanero”.
En el informe de la DAJ sobre la DGI aparece un cuadro en el que se lee matriz de devoluciones por empresas, montos superiores a un millón de córdobas, y en el que Roambeth S.A. registra en 2010 cuatro operaciones con un monto de siete millones 98 mil 855 córdobas con 52 centavos y en 2011 una operación con un monto devuelto de seis millones 209 mil 755 córdobas con 65 centavos. O sea, en dos años registra más de 13 millones de córdobas en devoluciones.
A su vez, en la relación de hechos que hace la DAJ sobre esa situación destaca que la documentación presentada para efectuar esos trámites por empresas como Roambeth S.A. “no era sometida a revisión exhaustiva por parte de los auditores, analistas, supervisor (…) por ser denominados casos especiales del exdirector de Ingresos, Walter Porras”.
[doap_box title=”Discriminación a ciertos importadores” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
Roberto Mercado, de Importaciones Latinoamericana, Mercado Compañía Limitada (Ilmer), que desde 2009 ha denunciado la desigualdad con que las autoridades de Aduana brindan tratamiento a empresas como la que representa, criticó la discrecionalidad con que esa institución actúa en la revisión del valor.
Mercado dijo que la DGA “se toma potestad de valorar la mercancía, esa potestad no es de ella, ella lo que puede es hacer un banco de datos con valores referenciales, pero no imponer el valor a criterio del funcionario público, y eso es lo que está pasando en la Dirección de Aduana”.
A criterio de Mercado, con toda esta situación que ocurre en la DGA “se beneficia el monopolio aduanero, se consolida, porque las importaciones están en manos de dos a tres personas lo máximo; al hacer esto te garantizás un mercado cautivo. Ha bajado importadores independientes, y las importaciones de estas dos grandes empresas han aumentado considerablemente”.
Mercado confirmó que en el sector se menciona como privilegiadas a Importaciones, de Rafaela López, y Roambeth, de Roberto Rivas Méndez. “Ellos mismos se jactan de que tienen cierta protección, no lo dicen, solo lo dejan claro, que tienen protección”, indicó Mercado.
En julio de 2009 el representante de Ilmer envió una carta a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, a través de la cual le expuso los abusos de parte de las autoridades de la DGA, “expresados en actos discriminatorios, la alteración de los procedimientos y la sobrevaloración de las mercancías”.
Y le hace referencia de que el 6 de mayo le envió una comunicación similar a la Contraloría General de la República (CGR), para explicar “sobre los actos de corrupción, como el otorgamiento de créditos fiscales, sobrevaloración, subvaluación de mercancías, originado con la creación de diferente bases de datos y el despacho expedito de las mercancías a importadores privilegiados, todos estos actos supuestamente orientados por el director general de Aduanas, licenciado Eddy Medrano Soto y otros funcionarios”, dice la carta,
La situación enfrentada por Ilmer ocurre desde 2007. Informaciones oficiales de la DGA de 2008 obtenidas por LA PRENSA demuestran las diferencias existentes de los valores ajustados a Ilmer en relación con las dos importadoras señaladas como favorecidas.
La denuncia fue registrada en la CGR bajo el expediente número 05-SPIRE-V-04-06-05-09, según información remitida por la oficina de Denuncia Ciudadana de la CGR. Hasta la fecha no ha prosperado.
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CASITA POPULAR
La antigua casita de Rivas Méndez cobró interés la semana pasada para otras personas, aparte del equipo de LA PRENSA, según los residentes del sector. Estas personas ajenas al barrio habían llegado con anterioridad preguntando por la vivienda. Entre ellas, unos hombres, que, aunque vestían de civil y portaban cámaras, al informante no le parecieron periodistas, según indicó.
En ese barrio a Rivas Méndez lo recuerdan como un hombre con pocos recursos, que “no pasó del tercer grado de primaria”. Es por ello que a muchos les sorprende el golpe de suerte que ha tenido.
“De la noche a la mañana después de tener una casita modesta se volvió millonario”, comentó otro de los habitantes del lugar.
El viernes pasado un equipo de LA PRENSA trató de abordar a Rivas Méndez en las oficinas de Roambeth S.A., ubicadas en Bello Horizonte, las que permanecen resguardadas por dos hombres fuertemente armados de una empresa de seguridad privada. Y aunque uno de los hombres que custodiaban la entrada hizo señas de que Rivas Méndez iba a salir en su camioneta con vidrios cerrados y oscuros, este no se detuvo y siguió en su vehículo, pese a que el equipo de LA PRENSA a la orilla del portón del garaje de la oficina le pidió con señas que bajara el vidrio del vehículo para hablarle.
Sin embargo, ante la insistencia este detuvo la marcha más adelante, bajó el vidrio del vehículo y con voz baja y casi imperceptible se excusó por no poder conversar en ese momento. Pero prometió hablar en horas de la tarde del pasado viernes. En la tarde un guarda, colocándose a la entrada de la puerta, aseguró que Rivas Méndez no llegaría a la oficina.
Con la confirmación de la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, la semana pasada, de que esa institución recibió una orden del presidente Daniel Ortega de investigar preventivamente en todas las instituciones del Estado, además de la Dirección General de Ingresos (DGI), se rumoró que una de las investigadas podría ser Aduanas, ya que aparentemente nadie investiga lo que ocurre en esa institución.
LOS DESCAPITALIZAN
Las anomalías en Aduana son un rumor a voces desde hace varios años, aseguran los afectados. Pero nadie se atreve a denunciarlo por temor, afirmó un comerciante que aceptó hablar bajo el anonimato.
El comerciante aseguró que actualmente enfrentan “un terrorismo aduanero”, donde buscan descapitalizar a los que no están en el grupo privilegiado, como Rivas Méndez con su empresa Roambeth S.A. y la de Rafaela Antonia López García, que es manejada por su hijo Félix Hernández y que es expresada en la entrega expedita y subvaloración de mercadería.
“¿Qué hacen ellos? Si yo traigo termos, chinelas y sombrillas, digamos en Semana Santa (recién pasada), ellos me meten mi mercadería dos meses (a los almacenes), entonces la sacan cuando pasó la temporada. Entonces todos los que son afines a ellos, importadores, y entre ellos hay un montón de tiendas reconocidas, que están solapadas bajo otro nombre, venden todo lo de la temporada”, explicó el informante.
O LOS MULTAN O ALEGAN SUBVALORACIONES
Señaló el comerciante que en la Aduana o les ponen una multa o alegan que está subvalorado el producto; “y como no tienen ningún tipo de récord ni nada, ellos inventan los precios que les da la gana”, o sea, se los sobrevaloran. “Ellos te dicen yo pongo lo que a mí me da la gana”, y en esto no valen las facturas que presenta el comerciante. El único que gana con esto es el almacén, al que deben pagar por cada día que permanece la mercadería.
“Después de tres o cuatro meses te dicen que llevés a certificar esa factura al consulado de Estados Unidos o donde sea que trajiste eso. Imaginate cuánto te toma eso y quién te va a hacer ese trámite, va más tiempo y tu pérdida va creciendo”, señaló el perjudicado.
A esto se agrega que al establecer cobros exagerados para el desaduanaje del producto, que puede ser de 10 mil dólares, cuando quizás les costó cinco mil dólares, ningún comerciante saca la carga. Entonces Aduana aprovecha y “la tira a subasta y si les gusta algo a ellos, entre ellos se lo reparten, eso es famoso allí”.
“… NO PODEMOS HABLAR…”
“Ahora, el problema es que nadie, igual que yo, no podemos hablar, porque si hablamos, nos hacen verga (…); esos te le ponen una marca a tu compañía en la computadora y allí no volvés a sacar jamás en tu vida, te mandan a la DGI y si no tenés algo, te lo inventan”, sostuvo el informante.
Por ejemplo, menciona que la mercadería procedente de Panamá la están retrasando casi cinco meses en desaduanar, cuando lo legal debe ser tres días.
Menciona que en su caso, por ejemplo, le valoran en más de 900 dólares un televisor, que en el comercio local cuesta 500 dólares. “Es decir, más caro que en el comercio local; llevo tres meses sin sacar, y así igual que yo están un montón”, dijo el afectado, tras indicar que de esa manera muchos han sido obligados a cerrar, pues entre más quiebran, más oportunidad tienen ellos de seguir vendiendo.
El comerciante aseguró que, de acuerdo con la apreciación de los funcionarios del Gobierno, al sacar del negocio a importadores y comerciantes como él, debilitan económicamente a la oposición, pues consideran que estos son quienes les financian.
Ernesto Vargas Lanzas, vicepresidente de la Asociación de Aduaneros Independientes, dijo tener conocimiento del atraso para la entrega de las mercaderías después de haber sido pagada, lo que perjudica tanto al comercio como a las mismas aduanas.
“No alegan nada, solo dicen espérense que ya va a llegar su turno y le ponen trabas”, expresó Vargas. A su criterio esto es por desconocimiento total de los empleados nuevos que tiene el Estado.
“Es un atraso completamente anormal, también lo de las multas; están pegando multas que no están apegadas a derecho y las están aplicando”, dijo el representante de los aduaneros.
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