CORRESPONSAL/ MASAYA
Muy molestos se encontraban la mañana de ayer unos cuarenta dueños de mototaxis de la ciudad de Nindirí por el incumplimiento de las autoridades municipales, quienes autorizaron más concesiones de las ya acordadas.
“Mirá, el problema es que aquí (la Alcaldía de Nindirí) ha irrespetado la Ley 524, de Transporte Terrestre, al introducir más unidades de transporte, en este caso más mototaxis, sin realizar un estudio de factibilidad y sondeo en la zona. La Ley General de Transporte te dice que tiene que haber un plan anual entre el MTI y las alcaldías para que se haga un estudio y se pueda autorizar la introducción de una mototaxi más”, manifestó Luis García, miembro de la cooperativa de transporte de mototaxis de Nindirí.
Dijo que las autoridades de esa comuna han hecho caso omiso a los reclamos. Según copia de certificación de acta de la sesión ordinaria del Concejo de Nindirí del 3 de enero de 2008, el acuerdo dice textualmente en el punto cinco: “Se acuerda autorizar el funcionamiento de mototaxi, a operar en la ruta kilómetro 14-Veracruz, propiedad de la señora Xiomara Genoveva Pida Rivas, que será la unidad número 27, y después de esta no se autorizará ninguna otra unidad de mototaxi a operar en el sector Veracruz-Los Madrigales. Se aplicará estrictamente la Normativa de Transporte”.
Sin embargo, el 13 de abril de 2011, en sesión ordinaria, las autoridades de la alcaldía sandinista de Nindirí acordaron, “de manera unánime (…) autorizar ampliar a seis unidades más de mototaxi a las existentes en la ruta kilómetro 14-Veracruz, otorgando igual permiso de operaciones de las mismas”…
Este cambio de disposición de parte de las autoridades de la comuna de Nindirí ha obligado a los dueños de mototaxis de esta ruta —quienes han esperado más de veinte días por una respuesta— a protestar frente a las instalaciones de la municipalidad.
SIETE MOTOTAXIS MÁS
García dijo que desde esa fecha ya se han introducido siete mototaxis adicionales a las cuarenta unidades ya establecidas. Refirió que han creado dos rutas en el mismo corredor, cuando solo existía una.
“Fijate que nosotros pagamos a la Alcaldía 6 mil 400 mil córdobas mensuales para supervisores y los pagamos voluntariamente, aun cuando la Ley General de Transporte te dice que quien tiene que pagar supervisores es la alcaldía municipal; incluso así nos violaron los acuerdos”, reclamó García.
Tras una reunión con los asesores legales de esta municipalidad, los protestantes no encontraron respuesta satisfactoria y muy molestos dijeron que en la Alcaldía no se encontraban ni la alcaldesa sandinista Clarissa Vivas ni los concejales.
Extraoficialmente se conoció que en ese momento la alcaldesa Vivas estaba en la secretaría departamental del FSLN, en Masaya, en la reunión de cada lunes.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 B