El secretario general de la Alcaldía capitalina y secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno, declaró ayer que sus funciones se “limitan” a coordinar cada uno de los siete distritos, dirigir la Dirección de Proyectos y la Dirección de Infraestructura.
“El organigrama es claro, nuestras labores son de coordinación”, dijo Moreno en declaraciones al Canal 100% Noticias.
Lo que Moreno no dijo es que, oficialmente, la alcaldesa designada Daysi Torres solo se encarga de los programas sociales, deporte y de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales.
De acuerdo con el organigrama, Torres también debería encargarse de las adquisiciones, sin embargo, ese poder se lo delegó mediante escritura pública a Moreno, quien está “facultado para proceder con todas las funciones a procesos administrativos y financieros” de la Alcaldía de Managua.
Hasta ahora, la municipalidad no ha querido mostrar la escritura pública en donde —según denunciaron los siete concejales opositores de Managua— Torres le traspasa de manera ilegal sus funciones de alcalde a Moreno.
En la sesión municipal del Concejo, el martes 31 de mayo, la alcaldesa designada hasta rechazó con un manotazo la solicitud escrita que hicieron los concejales, de hacer público el poder legal de Moreno.
En medio de todos los problemas de la Administración municipal, Torres también deberá comparecer como testigo en el juicio que otros tres funcionarios municipales iniciaron contra el concejal liberal Leonel Teller.
Según dijo el edil en conferencia de prensa, Torres y el exalcalde Dionisio Marenco serán citados como sus testigos en los procesos judiciales por injurias y calumnias.
La querella contra Teller inició luego que pidiera una investigación amplia por el caso de los cheques.
El concejal Luciano García también está siendo acusado por lo mismo, por pedir una investigación.
Sobre el tema, Moreno, uno de los que acusa a los dos funcionarios, dijo que “nos cansamos de los insultos. Nosotros lo que hemos pedido es que (Teller y García) se retracten. Que reconozcan que mintieron”.
Sin embargo, ayer la Contraloría solicitó a la comuna un informe “debidamente documentado” sobre la malversación de 3.5 millones de córdobas.
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