La multinacional Gas Natural-Fenosa, que distribuye energía eléctrica en Nicaragua, vino para arreglar cuentas con el Gobierno, ya que no está conforme con perder 50 millones de dólares este año en el país, por problemas de distribución y fraude, informaron a LA PRENSA fuentes empresariales.
El consejero delegado de Gas Natural-Fenosa, Rafael Villaseca —la máxima autoridad de la empresa— se reunió ayer con el presidente de la República, Daniel Ortega, y poco antes con el ministro de Energía, Emilio Rappaccioli, y el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, para buscar soluciones.
Tanto el Gobierno como Gas Natural fueron herméticos en cuanto brindar detalles o siquiera confirmar que las reuniones hayan sucedido.
Sin embargo, algunas fuentes consultadas confirmaron que el fondo de la discusión continúa estando en el memorando de entendimiento firmado por ambas partes en febrero del 2009, documento que recoge todas las quejas y disposiciones de Gas Natural-Fenosa y el Gobierno de Nicaragua.
Desde hace varias semanas, ambas partes insisten en que la otra no ha cumplido.
LA PRENSA conoció que la principal preocupación de Gas Natural-Fenosa está en que enfrenta pérdidas del 22 por ciento en la energía que distribuye.
De ese 22 por ciento, un 10 por ciento se pierde en fallas de la red de distribución y un 12 por ciento en robo de energía.
Este porcentaje supuestamente se podría traducir en 50 millones de dólares para fines de año, algo que aparentemente tiene inconformes a los españoles.
Pero Nicaragua tiene su propia lista de quejas ante Gas Natural-Fenosa.
- El memorando de entendimiento firmado hace dos años entre el Gobierno de Nicaragua y Gas Natural-Fenosa, llamado entonces Unión Fenosa, prácticamente era un “tratado de paz”.
Por un lado estaba el Gobierno, reclamando a Fenosa que mejorara sus redes. Por otro lado estaba la distribuidora, amenazando al Gobierno de que pagara sus deudas o se iba del país.
Pero Fenosa no amenazaba sin protección. Tenía dos cartas bajo la manga que prácticamente obligaron al Gobierno a buscar una solución.
Se trataba de dos acciones internacionales contra Nicaragua. Una ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y de un amparo ante la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA).
Si esto se hubiera concretizado, Nicaragua habría tenido que pagar 200 millones de dólares a la entonces Unión Fenosa.
[/doap_box]
Nadie sabe si las quejas del país coinciden con las de Ortega, cuyo Gobierno adquirió mediante el acuerdo del 2009 el 16 por ciento de las acciones que tiene la distribuidora en el país.
Lo cierto es que la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, de la Asamblea Nacional, ya avisó en días anteriores que no está contenta con el servicio que ofrece Gas Natural-Fenosa en Nicaragua, pues considera que no cumplió con lo acordado en el protocolo de entendimiento.
El presidente de dicha comisión, Eliseo Núñez, dijo el fin de semana que la distribuidora incumplió con su parte del trato, de invertir “lo suficiente”, según la legislación, para garantizar un buen servicio a los nicaragüenses.
QUIEREN DINERO FRESCO
La distribuidora insiste en que invirtió más de los 23 millones de dólares acordados para estos dos años.
Sin embargo, Núñez aseguró que esa inversión no es inyección nueva de la empresa española a su dependencia nicaragüense, sino que sale de las mismas facturas que pagan los clientes.
Dicho de otra manera, Gas Natural Fenosa no ha inyectado dinero a su sucursal de Nicaragua, por el contrario, solo estaría recibiendo e invirtiendo el dinero que estas oficinas generan, que sale de las facturas que pagan los clientes.
Los representantes del Estado de Nicaragua acusan a Gas Natural-Fenosa de que no invierte en las redes de distribución, que es donde más necesitan los clientes, sino que ocupan el dinero en estrategias de cobro.
El protocolo de entendimiento de 2009 supuestamente estaba pensado en beneficiar a la población con redes que garantizarían que no habría cortes de energía por fallas de mantenimiento.
En una ocasión, el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer, declaró que los apagones que se dan cada vez que llueve fuerte se deben a que la distribuidora no brinda el mantenimiento adecuado a 20,000 kilómetros de redes que tiene el país.
LOS SIETE PUNTOS DEL MEMORANDO
El memorando de entendimiento entre Gas Natural -Fenosa y el Gobierno de Nicaragua fue firmado el 28 de junio de 2009 en el Palacio de la Moncloa, Madrid, tras una petición de Ortega a la Corona española.
El primer punto acordado fue la disposición del Gobierno de Nicaragua con la distribuidora, llamada entonces Unión Fenosa, de continuar trabajando “en un marco de colaboración y entendimiento” para garantizar la energía en el país.
El segundo punto fue específico en los aspectos legales, como el proyecto de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, así como un anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos.
Esto garantizaba a la distribuidora la posibilidad de actuar contra los ladrones de cables e infraestructura, así como tomar otras medidas contra el fraude eléctrico, que básicamente consiste en consumir energía sin pagar, ya sea alterando medidores o “pegándose” directamente del tendido eléctrico.
Un tercer punto abordó el máximo reclamo de Nicaragua a la distribuidora, como es la parte de las inversiones.
El trato era que Fenosa invertiría en mejorar la red energética y en la lucha contra el fraude, a cambio de que la Asamblea Nacional aprobara las leyes mencionadas en los párrafos anteriores.
A juicio de las autoridades nicaragüenses, dicha inversión sería “nueva”, es decir, que saldría de la casa matriz en España y no del cobro de las facturas en Nicaragua.
La distribuidora también se comprometía a no retirar utilidades de Nicaragua en un período de tres años.
En el cuarto punto del memorando de entendimiento, Nicaragua se comprometía a apoyar a la distribuidora en la lucha contra el fraude con lo que fuera necesario, dentro del marco jurídico del país.
Nicaragua además crearía mecanismos de transparencia, para que las tarifas reflejaran el costo real de la energía, ya que por otra parte, la población no se sentía satisfecha con los cobros que se les hacía.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A ,1 A
