Una de las cosas atemorizantes sobre la guerra contra las drogas que libra el gobierno de EE. UU. es que está siendo librada por burocracias federales. Pese a la leyenda de Elliot Ness (el famoso investigador que se enfrentó a Al Capone), esto implica no solo que está llena de ineptitud, sino también que antes de que todo termine se producirán muchas muertes evitables.
Un ejemplo de ello es la “Operación Rápido y Furioso”, un plan de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE. UU. (ATF), que supuestamente facilitó el flujo de armas de alto calibre hacia México con la esperanza de que los condujera al desmantelamiento de un importante cártel. No fue así. Pero podría haber alimentado un aumento en la tasa de asesinatos y haber conducido a la muerte del agente de la Patrulla de la Frontera de EE. UU., Brian Terry.
Los agentes de la ATF están entrenados para rastrear a los compradores de múltiples armas de alto calibre y descubrir lo que hacen con ellas. “Rápido y Furioso” rompió con esta práctica, según un informe de 51 páginas divulgado el 15 de junio por el representante republicano Darrel Issa y el senador republicano Charles Grassley. Cita a agentes de la ATF que testificaron que el plan era dejar que estos compradores desaparecieran, para luego recuperar las armas en escenas de crimen, y luego usar los números de serie para identificar de dónde vinieron. Se suponía que esto llevaría al arresto no solo del comprador de Arizona que había hecho la compra para los capos, sino también a la captura de los peces gordos en organizaciones de tráfico de drogas.
La ATF me dijo que “no puede comentar sobre ninguna de las acusaciones realizadas por el comité de supervisión Issa-Grassley”, debido a que la investigación aún está en curso, y el Departamento de Justicia de EE. UU. no respondió a una solicitud de comentarios. Pero como fue descrito en el informe, la idea tuvo dos grandes fallas. Primero, asumió que no importaba quién era asesinado con esas armas antes de que fueran recuperadas. Segundo, fue construida bajo la teoría de que la operación podría atrapar a los grandes traficantes. Según el informe, los agentes federales se equivocaron en ambos casos.
Para los vendedores de armas locales, que cooperaron con los agentes federales y para algunos de los agentes de ATF en Arizona, el plan era dudoso desde el comienzo. Alrededor de 2,000 de estas armas desaparecieron durante el período de 14 meses de “Rápido y Furioso”, y los agentes testificaron que esto contradecía todo lo que habían aprendido sobre nunca dejar que un arma “caminara”, es decir, que fuera tomada por un comprador sospechoso sin seguirlo y descubrir a dónde fue. Un agente describió su frustración: “Estar ahí todos los días y ver cómo un tipo entraba a la misma tienda para comprar otras 15 o 20 AK-47 o variantes o… cinco o 10 pistolas Draco o FN Five-seveN… tipos que no tienen trabajo, y entran ahí y compran tres Barrett calibre 50 por US$$27,000… y uno está sentado aquí todos los días y no puede hacer nada”. Los agentes afirman que sus preocupaciones fueron desestimadas cuando se las expresaron a sus supervisores. Incluso hubo una amenaza de despido si no continuaban con el programa.
Al mismo tiempo, la violencia aumentaba en México. En un e-mail con fecha del 2 de abril de 2010, el supervisor del grupo informó que en el mes de marzo “nuestros sujetos” habían comprado 359 armas de fuego y que 958 personas fueron asesinadas en episodios de violencia relacionada al narcotráfico en México. Fue el mes más sangriento desde 2005 e incluyó a 11 policías en el estado de Sinaloa. Como afirmó otro agente entrevistado para el informe: “Estábamos todos horrorizados cuando nos dimos cuenta… lo que sucedía o cuando vimos lo que sucedía. Estábamos todos, sí, estábamos todos contrariados”.
Bueno, no todos. Los agentes entrevistados afirman que los supervisores observaron el derramamiento de sangre de fría indiferencia, o peor. Como resume el informe: “Un aumento de crímenes y muertes en México causó un incremento en la recuperación de armas en escenas de crimen. Cuando estas armas se rastrearon a través de la Base de Datos de Armas Sospechosas y resultaron ser armas que fueron circuladas bajo ‘Rápido Furioso’, los supervisores en Phoenix se pusieron felices por el éxito de su operación”.
Los agentes afirman que la pérdida de vidas y los temores de que las armas eventualmente fueran usadas contra personal estadounidense no fueron analizados, porque los supervisores pensaron que su plan estaba funcionando. El “sentimiento” de sus superiores, según el testimonio de un agente, era: “Si uno va a hacer un omelet, hay que romper algunos huevos”. Solo cuando el agente Terry fue asesinado y dos AK-47 que habían “caminado” fueron encontradas en la escena, la operación fue cuestionada. LA ATF luego arrestó a varios compradores de conducto, pero ninguno de esos arrestos involucró a “actores clave de un sindicato criminal”, según el informe. Que conste que un funcionario de ATF en el informe señala que la oficina nunca permite que las armas “caminen”.
Según cualquier parámetro, la guerra contra el narcotráfico que lleva 40 años ha sido un fracaso. Una consecuencia no intencional es la financiación que brinda la venta de sustancias prohibidas a los delincuentes que luego compran armas. Eso es suficientemente malo. Pero cuando la ATF pone el doblegar a un gran cártel por encima de la vida humana, es tocar fondo.
*La autora es periodista estadounidense.
Artículo publicado en The Wall Street Journal.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
