TEGUCIGALPA /AP
El Congreso aprobó una ley que recaudará unos 400 millones de dólares en cinco años para destinarlos a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común que agobia a Honduras.
La iniciativa, que estará vigente hasta el año 2016, fue aprobada anoche por 90 de los 128 diputados de cinco partidos políticos que integran la legislatura unicameral. Otros 12 la rechazaron, mientras que 26 no asistieron a la sesión legislativa.
La denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional, que se aplicará a partir de agosto grava con 5% a las cuentas bancarias con saldos promedio superiores a 5.000 dólares, en 21% el volumen de ventas de la telefonía celular, en 0,05% los ingresos brutos de las comidas rápidas, en 5% las exportaciones mineras y en 1% las operaciones de los casinos.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo en el debate transmitido por el canal legislativo que “los hondureños viviremos ahora más tranquilos porque con las nuevas medidas obtendremos unos 80 millones de dólares al año para invertirlo en la seguridad ciudadana”.
Los recursos se destinarán a equipar y mejorar la policía, fuerzas armadas, fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, dijo el presidente del legislativo.
El Consejo de la Empresa Privada (Cohep), que agrupa a 58 entidades de negocios del país, calificó de “inaceptable” el decreto, tras insinuar que los fondos obtenidos por la nueva ley podrían desviarse para financiar campañas políticas.
Para los comicios primarios del 2013 figura la candidatura presidencial de Hernández por el gobernante Partido Nacional.
“Discrepamos con el Congreso porque los excedentes de la legislación se podrán trasladar a otros rubros que no sean seguridad como campaña política y proselitismo”, dijo a la AP el presidente del Cohep, Santiago Ruiz.
Los fondos serán administrado por cinco personas mediante un sistema de fideicomiso en el que están tres representantes del empresariado y dos del gobierno.La Barra de Abogados Anticorrupción (BAC) anunció que impugnará la ley.
“Preparamos un recursos de amparo o de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema porque esos impuestos son injustos”, aseguró Edgardo Paz, dirigente de la BAC, a los periodistas.
“Y esas tasa para seguridad afectarán a la mayoría de los hondureños pobres”. Honduras destinó más de 426 millones de dólares en seguridad en el 2010, cuya cantidad aumentó en 2,22% en el 2006, en 3% en el 2009 y en 2,77% en 2010.
Estadísticas oficiales indican que al menos 36.036 personas murieron de manera violenta en los últimos diez años en el país, lo que representa un promedio mensual de más de 286 víctimas.
Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo.De acuerdo con el gobierno, el país supera en casi nueve veces la tasa mundial de homicidios que las Naciones Unidas estiman en 8,27 por cada 100.000 habitantes y que en Honduras es del 72,8.
