En este mundo cada vez más complejo el ciudadano tiene que resolver sus problemas cotidianos, en la mayor de las veces ante funcionarios administrativos y no ante los Tribunales de Justicia, que van quedando casi solo para litigios por propiedades y causas penales, el derecho administrativo adquiere mucha relevancia, importancia y hasta el momento es olvidado por los abogados litigantes, universidades y sociedad en general.
La obtención de certificados de nacimientos, defunción, matrimonio, divorcios, catastrales, licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y muchos otros, son competencia de autoridades administrativas, ante las que tenemos que gestionar sin que exista en la mayoría de los casos un marco legal que proteja al ciudadano de la arbitrariedad y discrecionalidad del funcionario.
A diario acudimos a una oficina pública y no existe información clara sobre cómo obtener el servicio requerido, tenemos que hacer una gran fila y al final nos dicen que falta tal documento o no trajo la fotocopia autenticada: otras veces al concluir de entregar los documentos e incluso ya el pago efectuado, nos piden una fotocopia del documento que nos acaban de entregar, el ciudadano está totalmente a merced del que recibe los documentos y ante quien tiene que acudir por un servicio público.
He observado en instituciones públicas las paredes con propaganda política y ni una sola indicación de los pasos que se debe dar para obtener un servicio específico, por supuesto hay excepciones y existen personas amables. Hay burocracia excesiva con procedimientos que pareciera que son creados para brindar trabajo, pero que son innecesarios, ejemplo de ello es la autenticación que se hacen en varias oficinas de los poderes otorgados ante Notario Público, no existe oficina alguna en que no exijan fotocopias de todos los documentos y ello hay que hacerlo aunque repetidamente se renueven los mismos servicios.
En países organizados la compraventa de un inmueble puede tomar horas o días, con todos los pasos y seguridades legales; en un país desorganizado toma mucho tiempo incluso años y la inseguridad es evidente.
La discreción del funcionario sobre el tiempo que puede llevar un trámite determinado es lo que propicia pagos para agilizaciones, muchas veces no tan legal y retrasos injustificados para los que no pagan agilización.
La ausencia de normas claras sobre los procedimientos administrativos en la gestión pública hace muy difícil la utilización del abogado para realizar dichas gestiones que sería una forma ideal de uso de recursos especializados y empleo para esta profesión cada día más denigrada y subutilizada. No es posible establecer para el abogado aranceles por servicios cuando ignora cuánto tiempo demorará completar una gestión administrativa. El uso del abogado en la administración pública permitiría agilizar trámites y ayudaría a miles de ciudadanos que no pueden ausentarse de su trabajo para realizar esos trámites.
La Asamblea Nacional debería aprobar una Ley de Gestiones Administrativas que obligue a que toda gestión ante el Estado debe de tener plazos y términos y sanciones por incumplimiento de dichas normas y que toda gestión pueda realizarse exclusivamente en forma personal o por medio de abogado: es la única forma de garantizar al ciudadano de una certidumbre, garantía y seguridad ante sus peticiones y solicitud de servicios ante la administración pública.
El autor es abogado
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