Defender la libertad de expresión y de prensa y la democracia representativa son algunos aspectos del decreto de amnistía que promueve la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el parlamento.
Explicaron que este proyecto no tiene “nombres ni apellidos”, sino que busca el bien común de todas las personas que denuncien actos de corrupción de los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega.
Según el PLC, más que la defensa de los concejales municipales Leonel Teller y Luciano García, acusados de cometer los delitos de injuria y calumnia por el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, buscan con el decreto eliminar cualquier acto de coacción a través del sistema judicial, dominado por allegados al partido de gobierno.
LEY DE MUNICIPIOS PROTEGE A CONCEJALES
Sin embargo, la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) tomó distancia de la iniciativa de amnistía que impulsa el PLC.
El mismo concejal García, a quien le impusieron una multa mayor de 400 mil córdobas, dijo no necesitar de ese mecanismo establecido en la Carta Magna.
Eduardo Montealegre, jefe de la BDN, explicó que no respaldarán la iniciativa del PLC porque la Ley 40 o Ley de Municipios es clara al establecer que ningún concejal puede ser procesado por nada de lo que se diga en cualquier reunión o localidades de la Alcaldía y que García, al hacer la denuncia en esas condiciones, no puede ser procesado porque actuó conforme a la ley.
Wilfredo Navarro, diputado del PLC, reaccionó molesto ante la declaración de Montealegre y recordó que este fue uno de los principales interesados en aprobar antes una iniciativa similar.
Declaró que a pesar de que los diputados de la BDN se pronuncian en contra de la iniciativa de amnistía, el PLC no puede quedarse “de brazos cruzados”.
El proyecto, denominado “Decreto de Amnistía a favor de los ciudadanos periodistas, autoridades, funcionarios o empleados públicos, por los delitos contra el honor cometidos en contra de autoridades, funcionarios o empleados públicos, por imputaciones o informaciones desfavorables en el manejo de los recursos públicos” no tiene sesgo político, afirmó Navarro.
Su fin es impedir que se utilice el sistema judicial para presionar políticamente a los que denuncien actos de corrupción.
El artículo uno del decreto “otorga y concede amplia e incondicional amnistía general” a favor de todas aquellas personas que sean investigadas o juzgadas por delitos como los que imputa Moreno a los concejales García y Teller.
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