Una de las pocas cosas interesantes que dijo Daniel Ortega en su discurso del 19 de julio, por el 32 aniversario de la Revolución sandinista, fue el de que ha retomado su reclamo a Estados Unidos por el pago de una supuesta deuda de más de 17 mil millones de dólares, derivada de una sentencia sobre Nicaragua que dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 27 de junio de 1986.
Desde que recuperó el poder en enero de 2007, Daniel Ortega se había referido dos veces a ese tema. La primera fue el 17 de abril de 2009, en la V Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago, cuando ante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Ortega dijo que la deuda por la sentencia de La Haya estaba viva y había aumentado a más de 50 mil millones de dólares, por los intereses ordinarios y cargos moratorios. La segunda fue el 25 de junio pasado, en el discurso que pronunció en la marcha del Repliegue, pero entonces Ortega ya no habló de 50 mil millones de dólares, como en Trinidad y Tobago, sino que volvió a hablar de 17 mil millones de dólares.
En realidad, lo nuevo que dijo Ortega sobre este tema en su discurso del martes pasado, es que piensa convocar un referendo “para que el pueblo diga si se cobra la deuda que Estados Unidos tiene con Nicaragua”. Tal vez Ortega quería decir plebiscito, que de acuerdo con la Ley Electoral, artículo 133, “es la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo ” Y en este caso la iniciativa “corresponde al Presidente de la República o directamente al pueblo cuando este así lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas”, pero debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. El referendo es para refrendar o revocar lo que ya se ha decidido, o sea que es para otra cosa.
En cualquier caso, no es cierto que exista la tal deuda estadounidense por 17 mil o 50 mil millones de dólares. Eso es un cuento político de Daniel Ortega. Lo que hubo fue una sentencia de La Haya en un juicio sobre la guerra de los años 80, pero EE.UU. no reconoció la jurisdicción de la Corte en ese caso y por lo tanto no estaba obligado a acatarla. Además, la Corte dictó sentencia contra EE. UU. pero no determinó ninguna suma de dinero como indemnización.
Después que Ortega perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990, el FSLN pretendió obligar al gobierno de doña Violeta, mediante la Ley 92 dictada el 6 de abril de ese año, a continuar la acción judicial contra Estados Unidos y a no desistir del cobro de los 17 mil millones de dólares que fueron señalados por el mismo régimen de Ortega, no por La Haya. Pero el nuevo gobierno democrático no podía seguir la obsoleta política sandinista de enemistad con EE.UU. Era absurdo continuar demandando a un país que había apoyado la guerra campesina contra la dictadura totalitaria del Frente Sandinista, la cual fue armada y respaldada por la URSS y demás países comunistas; y que apoyó también la campaña electoral de la UNO para instaurar la democracia en Nicaragua. El interés legítimo y primordial del gobierno de doña Violeta era abrir una nueva era de relaciones de Nicaragua con Estados Unidos, basadas en los valores y objetivos comunes de la libertad y la democracia, la amistad y la cooperación.
Por eso fue que la Asamblea Nacional, con mayoría de la UNO, aprobó el 19 de junio de 1991 la Ley 130, que derogó la Ley 92 de los sandinistas, y sobre esa base legal el agente de Nicaragua en La Haya presentó una nota de desistimiento de la continuación de aquel juicio que había impulsado el régimen sandinista. Y ahora, 20 años después, la posibilidad jurídica de que dicho juicio sea reabierto es remota y la de que Daniel Ortega pudiera obtener los 17 mil millones o 50 mil millones de dólares que reclama a EE. UU., prácticamente no existe.
Esto lo sabe muy bien Ortega, lo que quiere es reactivar su enfrentamiento con EE.UU. Sin embargo, para eso no necesita de un plebiscito. Le bastaría con ordenarle al agente de su gobierno en La Haya —que por cierto es el mismo que firmó y entregó en 1991, durante el gobierno de doña Violeta, la nota de desistimiento del juicio—, que exija a la Corte Internacional de Justicia la reapertura del juicio. Y esperar que se lo reabran.
