Tres de febrero 2011. La presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, acompañada de las magistradas Yadira Centeno, Juana Méndez y el magistrado Marvin Aguilar, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, la iniciativa de Ley contra la violencia hacia las mujeres.
Cinco meses después, para las organizaciones de mujeres el espíritu de esa Ley está muerto.
El reciente y criticado fallo de la sala penal de la CSJ sobre el caso de Fátima Hernández Canda y Farington Reyes Larios, evidencia una enorme contradicción entre el discurso del Poder Judicial y sus actuaciones, según Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
La sentencia declaró culpable a Reyes Larios, pero le redujo la pena de seis a cuatro años, alegando que se encontraba en un “estado de arrebato” por haber ingerido cerveza”. Además, no encontraron creíble el relato de la víctima a la cual catalogaron de “cooperadora”.
- Por su lado, Fátima Hernández Canda, víctima de violencia, no ha reaccionado a la sentencia del pasado jueves y anunció una conferencia para el lunes.
La víctima aseguró que el segundo paso sería la denuncia ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Denuciaría las actuaciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial.
[/doap_box]
Adicionalmente , el violador obtuvo el beneficio de suspensión de la pena, de acuerdo con la Ley de Ejecución de Sentencias.
“Esta Ley es una contradicción y el espíritu de esa Ley (contra la violencia de las mujeres) nace muerto porque uno de los principios es la no revictimización, pero han hecho la revictimización más cruel: han difamado a la víctima de la peor manera. Absolutamente rompe el objetivo de tener a la mujer como persona y que se le respete su integridad. En esta ocasión, la integridad (de Fátima) ha sido dañada por el máximo órgano de justicia de este país”, dijo Solís.
¿QUE PENSARÁ LA MAGISTRADA ALBA LUZ RAMOS?
Hace tres semanas, la CSJ, junto a la Defensoría Pública y la Cooperación Española, lanzaron la campaña “El acceso de las mujeres a la justicia en Materia de Familia y Violencia”.
“Queremos que se acabe el calvario que viven las mujeres cada vez que acuden a una institución en busca de tutela de sus derechos”, dijo la magistrada Ramos en aquella ocasión.
Pero Ramos, quien no es miembro de la Sala Penal que dictó la sentencia, pero pertenece al mismo partido político que protegió a Reyes, no ha dicho nada al respecto. LA PRENSA intentó contactarla, pero no respondió su celular pese a reiteradas llamadas.
MAGISTRADOS COMETIERON DELITO
Por su lado, el director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que los magistrados cometieron delito al obrar contra ley expresa pues matizaron la violación al establecer como atenuante el estado de ebriedad.
“Los borrachos tienen carta blanca para violar y asesinar y es un atenuante: eso es un absurdo, no encaja. Es una estupidez de sentencia y es una estupidez deliberada. No es que ellos no saben, sí saben y también saben irrespetar el derecho, ellos saben bien que obran contra ley expresa y dolosamente”, dijo Carrión.
Azahálea Solís, considera que no hay dos grupos en la Corte, o que mientras unos promuevan los derechos de las mujeres, otros los irrespeten, pues, para ella, el daño es estructural por la conformación en grupos políticos partidarios.
“En la Corte no se decide en base a la legislación y respeto a la Ley, el problema es estructural, es la existencia de bancadas políticas partidarias (lo que) permite este tipo de sentencia” dijo Solís.
Por su lado, la diputada Jamileth Bonilla, de la Comisión de la mujer, consideró que el fallo de la CSJ es un acto de violencia en momentos que dictaminan la ley que se supone luchará contra la violación a los derechos de las mujeres.
Bonilla destacó que la sentencia es un mal precedente cuando se ha legislado que violación también se da entre parejas y matrimonios.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
