Expiró el plazo para que las personas que por primera vez van a tener cédula, solicitaran y recibieran esa imprescindible tarjeta de identificación. A partir de hoy, los ciudadanos de nuevo ingreso a la cedulación tendrán que esperar hasta el próximo año, después que concluya el proceso electoral y tomen posesión los nuevos mandatarios del país, los diputados el 9 de enero y el 10 el presidente y el vicepresidente de Nicaragua.
Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) que es el organismo estatal encargado de la cedulación, al menos teóricamente seguirá entregando cédulas de reposición, o sea las de aquellas personas que han perdido o se les ha dañado su tarjeta de identificación.
Por otra parte, es muy importante saber que en el caso de las muchas personas a quienes ya se les venció el período original de vigencia de sus cédulas, estas siguen teniendo validez para votar y para todos los demás efectos legales, y la tendrán hasta el 31 de diciembre del año 2012 de acuerdo con una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2009 y entró en vigor a partir de su promulgación, el 9 de febrero de ese mismo año.
El Estado ejerce por medio del Consejo Supremo Electoral la prerrogativa de determinar la identificación legal de los ciudadanos, la cual es válida no solo para ejercer el derecho al voto sino también para todos los asuntos legales y cuestiones de la vida ordinaria de las personas. De manera que al arrogarse el Estado esa facultad y en este caso su instrumento ejecutor que es el CSE, tiene la obligación de cedular rápidamente a todos los nicaragüenses (a los que viven en Nicaragua y a los que residen en el extranjero) desde el momento que alcanzan los 16 años de edad; así como también el CSE debe reponer inmediatamente las cédulas de los ciudadanos que las pierden o se les deterioran.
El incumplimiento de esta obligación primordial e indispensable del Estado, causa de hecho la muerte civil y jurídica de aquellas personas a las cuales no se les entrega en su debido tiempo y forma la cédula de identificación. Y en consecuencia los funcionarios culpables de tan grande irresponsabilidad, deberían ser sancionados legalmente, comenzando por destituirlos del cargo que son incapaces de desempeñar correctamente.
Cabe aclarar que lo que el Estado determina o concede a la persona, no es su identidad sino únicamente su identificación. La identidad es una condición natural inherente a cada ser humano, no es concedida por el poder estatal ni de ninguna otra clase.
La identidad es el conjunto de los rasgos particulares que distinguen a cada individuo de los demás de su especie y constituyen la base de su dignidad personal. En consecuencia, la identidad es lo que dota a la persona de sus derechos humanos inalienables, los cuales tienen que ser absolutamente respetados y protegidos por las demás personas y por el Estado.
Lo que el Estado determina, en todo caso, es la identificación de la persona, la cual sin embargo se constituye como una condición indispensable para ejercer los derechos civiles. De modo que el otorgamiento de la cédula es una obligación primordial del Estado que se debe cumplir sin condiciones ni retrasos, y al contrario, su incumplimiento representa una grave falta o delito que debería ser penado por la ley.
Realmente, en Nicaragua la cedulación ha sido convertida en un grave problema para muchísimos ciudadanos en toda la república, siendo peor en los lugares rurales que están más alejados del centro del país. Esta situación se ha agravado bajo el actual régimen de Daniel Ortega, debido a la ineficiencia burocrática de los funcionarios encargados de la identificación de los ciudadanos, por la gran corrupción personal e institucional que impera en el Consejo Supremo Electoral y por la desnaturalización de la función institucional de la cedulación, la cual ha sido convertida en un medio de chantaje político y de fraude electoral para garantizar la permanencia de Daniel Ortega en el poder.
A lo largo de los últimos años el CSE ha recibido cuantiosos recursos a cuenta del Presupuesto Nacional, lo mismo que contribuciones internacionales como la de España en 2006 por más de cinco millones y medio de euros, para cumplir la labor de cedulación. Pero el CSE ha fallado en el cumplimiento de esa responsabilidad, causando una justificada inconformidad social como la que se ha manifestado recientemente en varios municipios del norte del país, inclusive con amenaza y estallidos de violencia.
