De ordenar el presidente de la República, Daniel Ortega, que la primera comisionada Aminta Granera continúe en el cargo de directora de la Policía Nacional, no solo violentaría la Ley 228, Ley Orgánica de la institución, sino que se extralimitaría en sus funciones según la Constitución Política y las leyes.
Los artículos 130 y 183 de la Constitución Política señalan que ningún funcionario, poder o autoridad tendrá más funciones o atribuciones que las que expresamente le confiere la Carta Magna y las leyes del país.
El expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, considera que una solución a la posible decisión de mantener a Granera en el cargo es reformar la Ley 228.
Fuentes extraoficiales indican que para ello Ortega estaría invocando el artículo 201 de la Constitución de 1987, que le permitió prorrogar en sus cargos a 25 funcionarios de los poderes del Estado, a quienes se les venció su período.
“Invocar el artículo de la Constitución que supuestamente le ha permitido a Daniel Ortega prorrogar el período de la Constitución, es continuar repitiendo las inconstitucionalidades que se han venido dando”, afirmó López.
La única manera legal en que puede prorrogársele el período a la jefa policial es que se haga una reforma a la ley de la institución, “que modifique el artículo pertinente sobre el período para el que fue electo o fue designado el primer comisionado”, sostuvo López. Según la Ley 228, Granera debe entregar el bastón de mando a su sucesor el próximo 5 de septiembre.
Aunque Ortega pretenda que la estancia de Granera en la Policía sea temporal, una vez concluya el período de 5 años para el cual fue nombrada, en la reforma debe establecer el período prorrogado. “Ese es el camino y el único órgano competente para hacerlo es la Asamblea Nacional”, dijo López, uno de los autores de la reforma constitucional de 1995.
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azahálea Solís, coincide con López, en cuanto a que “la única posibilidad legal es que reformen la Ley 228”.
“Absolutamente nada puede hacer él”, insistió Solís tras apuntar: “No hay otra, no hay otra (…), que él dicte un decreto que diga misa, que diga un responso, nada (…), la única forma es una reforma a través de una normativa aprobada por la Asamblea Nacional”.
La dirigente del MAM también aclaró que Ortega es el jefe supremo de la Policía, solo mientras el período de la directora no ha concluido, según las reformas a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo al que se refieren las autoridades policiales.
“Una vez que termina el nombramiento, él ya deja de ser su superior (…) y él no tiene mando, además tampoco es que el mando de él es absoluto, el mando es únicamente sobre la base de lo que las leyes dicen, principio de legalidad y principio de constitucionalidad”, refirió Solís.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A ,1 A
