Por Gloria PIcón Duarte
Tras el inicio oficial de la campaña electoral, las organizaciones políticas y alianzas participantes en la contienda se comprometieron ante la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) a que los responsables de las organizaciones políticas respondan, luego de un juicio civil, por aquellos daños y perjuicios a la propiedad privada que ocasionen en actos proselitistas.
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Cada organización política o alianza pone un fiador, quien será el que responda en caso de que algún agravio suceda durante una actividad partidaria previamente aprobada por el CSE.
Eliseo Núñez Morales, jefe de campaña de la alianza PLI, explicó que una vez que la Policía determina las responsabilidades civiles, van directamente al culpable, que no necesariamente sería el fiador del partido. “Si hay una vinculación partidaria, las resultas civiles del juicio se cobran con la fianza, debe haber una sentencia de por medio”, aclaró Núñez Morales.
El monto, por el cual serían resarcidos los daños y perjuicios, lo establecerá un juez.
Miguel Rosales, vocero de campaña de la alianza PLC, señaló que los ciudadanos que resultaran dañados en una actividad partidaria en la que nada tengan que ver, deben gestionar la fianza poniendo la denuncia y luego las autoridades competentes serán quienes determinen la culpabilidad o no culpabilidad de la organización política o alianza y en base a ello se cumbre con la fianza.
Según una nota de prensa del Consejo Supremo Electoral la fianza tiene un ámbito de cobertura en los 153 municipios que existen en el país, y no invalida de ninguna manera lo que la ley de policía y los reglamentos dispongan sobre el tema.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
