Por Lucía Navas
El rechazo que tienen los gremios empresariales al proyecto de ley que regulará la actividad de la tercerización, se basa en que impone una serie de obligaciones a aquellas compañías que recurran a este tipo de servicios, pues aseguran roza con las normas laborales vigentes.
Además el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), valoran que la propuesta legislativa vendrá a imponer una serie de gastos adicionales y causará que muchas pymes salgan del negocio de la subcontratación.
La bancada sandinista impulsa desde 2009 en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Regulación y Ordenamiento de la Tercerización, Subcontratación e Intermediación del Empleo. El principal punto de discordia entre sindicatos y empresarios es sobre la figura “de solidaridad” que contempla la ley.
Esta hace responsable a las empresas que subcontratan a otras para que les brinde un servicio, del pago de salarios, de la cuota al Seguro Social e indemnización de los trabajadores, cuando compañías subcontratadas incumplan estos derechos laborales.
Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) “José Benito Escobar”, argumenta que no existe claridad en las normas laborales actuales, como el Código del Trabajo, sobre la regulación de la tercerización. Algo que rechazan Freddy Blandón, asesor laboral del Cosep, y Gilberto Alcócer, presidente de Conimipyme.
DEBEN HACER LO SUYO
Blandón y Alcócer coinciden en que la respuesta a las violaciones que supuestamente señalan los sindicatos, se corregirían si el Ministerio del Trabajo (Mitrab) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cumplieran con supervisar el cumplimiento de las normas existentes. Blandón explica: “La tercerización es una técnica empresarial que garantiza mano de obra especializada. Pero se está satanizando en hacer creer que promueve el empleo informal y es al contrario.” “Le toca al Mitrab asegurar que quienes brinden el servicio estén legalmente inscritas y paguen a sus trabajadores conforme ley”, plantea. Mientras, Alcócer asegura que no van a respaldar una ley que traslade mayores responsabilidad laborales a las empresas, porque sería aceptar que las informales sean beneficiadas.
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